Culiacán, Sinaloa.- La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado aprobó por unanimidad los dictámenes de las cuentas públicas de 14 municipios de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2025. En contraste, determinó no avalar las correspondientes a Escuinapa y Elota, también con el voto unánime de sus integrantes.
¿Qué municipios obtuvieron un dictamen favorable?
Las cuentas públicas que recibieron el aval de la Comisión corresponden a Concordia, Cosalá, Culiacán, El Fuerte, Eldorado, Guasave, Juan José Ríos, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa.
¿Cuáles fueron las irregularidades detectadas en Elota y Escuinapa?
En el caso de Elota, la revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó una situación de insuficiencia financiera para cubrir pasivos que ascienden a más de 20 millones 350 mil pesos. Además, se determinaron 13 millones 973 mil pesos como recursos probables de recuperación.
Entre las observaciones también figuran recursos bancarios que no fueron reintegrados, anticipos entregados a proveedores que no han sido comprobados ni recuperados, así como pagos anticipados por concepto de indemnizaciones sin la documentación correspondiente.
Adelanto el voto en el sentido de desaprobado de la cuenta de Elota ya que no aplicó la normatividad que debió, esto conforme a la lectura de los resultados de observaciones de la Auditoría Superior del Estado, además conforme al tiempo que se le otorgó, no solventó aplicación de recursos” indicó.
En materia de obra pública se detectaron erogaciones por trabajos que no fueron ejecutados, obras que incumplen las especificaciones técnicas y construcciones con deficiencias en su calidad.
A esto se suma que el 94.12 por ciento de los contratos de obra pública se asignaron mediante adjudicación directa, sin llevar a cabo procesos de licitación. Otro dato relevante es que la deuda municipal aumentó 289.2 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2024.
Por lo que respecta a Escuinapa, la ASE encontró pasivos por 47 millones 413 mil pesos que carecen de una fuente de financiamiento para su pago, además de 16 millones 543 mil pesos considerados como probables de recuperación.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran recursos públicos que no fueron reintegrados, gastos pendientes de comprobación y sin recuperar, así como pagos por servicios de asesoría jurídica y musicalización de las fiestas patrias sin evidencias que acrediten su realización.
También se observaron pagos relacionados con sentencias laborales sin presentar los fallos correspondientes ni contar con la autorización del Cabildo, además de erogaciones por la construcción de enramadas para las Fiestas del Mar de las Cabras sin documentación que justificara los trabajos.
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En el apartado de obra pública se identificaron pagos por trabajos no ejecutados, obras sin documentación comprobatoria, proyectos que no benefician a la población objetivo y pagos en exceso. Asimismo, el 93.18 por ciento de las obras fueron adjudicadas directamente.
¿Qué sucede con las cuentas públicas de los otros municipios?
Aunque los 14 municipios restantes recibieron dictámenes favorables, también presentan observaciones derivadas de las auditorías. La aprobación no significa que queden sin efecto los procedimientos y acciones promovidos por la Auditoría Superior del Estado.
Entre las irregularidades recurrentes destaca el elevado porcentaje de contratos de obra pública asignados directamente. El caso más representativo es Concordia, donde el 100 por ciento de las obras se adjudicaron bajo este mecanismo, sin someterse a concurso.
Comisión de Fiscalización dictamina en sentido favorable cuentas públicas 2025 de 14 municipios, desaprueba las de Elota y Escuinapa
Asimismo, la mayoría de los municipios presenta insuficiencia financiera para hacer frente al pago de sus pasivos, con excepción de Culiacán, que sí cuenta con recursos suficientes para cubrirlos.
En cuanto a infraestructura, también se reportaron pagos por obras no realizadas, trabajos sin documentación comprobatoria y proyectos que no cumplen con el objetivo de beneficiar a la población.
Entre estos últimos se encuentran obras de introducción o ampliación de redes de energía eléctrica que todavía no han sido conectadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras observaciones.
