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Hermosillo, Sonora.- Familiares de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, llevaron su exigencia de justicia hasta el Congreso Internacional Minero Sonora 2026, donde expusieron ante representantes de la industria las dudas que persisten sobre el caso y reclamaron a Vizsla Silver mayor colaboración y garantías de seguridad.
Durante la conferencia ‘La seguridad de los trabajadores como responsabilidad de la industria minera’, Alan Esparza, hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien continúa desaparecido, y familiares de las víctimas compartieron el impacto de la tragedia: nueve trabajadores fueron localizados sin vida y sus familias enfrentan la pérdida, la incertidumbre y procesos que calificaron como dolorosos y solitarios.
Esto sucedió a consecuencia de un área de inseguridad, que había un riesgo latente que pasara y como dice la Ley de Murphy si algo podría salir mal, salió mal y 10 personas están pagando el precio. Entonces, sin acusar a nadie, esta es una invitación otra vez las familias estamos completamente abiertos a establecer una línea de comunicación, una mesa de diálogo seria, formal y de respeto, si no hay esas tres cosas no nos interesa, no nos hagan perder el tiempo”, declaró.
¿Qué reclaman las familias a la empresa?
Pidieron esclarecer qué ocurrió, conocer qué medidas de protección existían antes del secuestro y establecer una mesa de diálogo formal con Vizsla Silver. Alan Esparza aseguró que mantienen disposición para colaborar, aunque señaló que el acompañamiento de la compañía ha sido limitado.
Las familias también cuestionaron si los trabajadores contaban con condiciones adecuadas para trasladarse a la sierra, como combustible, dispositivos GPS y protocolos para enfrentar riesgos fuera de las instalaciones mineras.
Caso de mineros secuestrados en Concordia
¿Qué buscan cambiar con sus testimonios?
Que la tragedia no se repita. Advirtieron que la seguridad debe contemplar no solo accidentes dentro de las minas, sino también los peligros que enfrentan los empleados en sus traslados y comunidades de trabajo.
El abogado Odracir Espinoza, representante de las familias, informó que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, trabaja en la investigación. También llamó al gremio minero a acompañar a las víctimas y revisar sus esquemas de protección.
La exigencia fue verdad, justicia y condiciones reales para que ningún trabajador vuelva a pasar por una situación similar.
