Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado aprobó este martes la reforma al Código Penal de Sinaloa para castigar con mayor severidad el llamado “halconeo”, es decir, las actividades de espionaje o vigilancia en contra de policías y otras autoridades.
La reforma amplía lo que se considera como interferencia en las labores de seguridad y establece penas más severas para quienes utilicen a menores de edad, personas mayores o con alguna discapacidad para estas actividades.
Con esta modificación legal, se castigará a quienes acechen, sigan o pasen información sobre policías o agentes de seguridad, especialmente si el objetivo es entorpecer su trabajo o evitar la captura de delincuentes.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política Teresa Guerra Ochoa señaló que están trabajando en endurecer la penas de este delito incluso más de lo que propuso la Fiscalía General del Estado.
“La penalidad que nosotros traemos era más alta que la sugerida por Fiscalía, pero la que traíamos ya venía y dijimos no tiene caso reducirla cuando lo que queremos realmente es inhibir ese tipo de prácticas, nosotros es cruzamos nuestra iniciativa en muchos momentos con fiscalía recibiendo opiniones de que sí nos puede favorecer ya esta descripción para una mejor aplicación igual la cruzamos, con Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.
Actualmente, la ley ya contempla penas de entre 4 años y 6 meses hasta 15 años de cárcel, además de multas económicas. Un punto clave de la reforma es que se incluye una agravante que podría aumentar hasta en un 50 por ciento la pena cuando se involucre a personas en situación de vulnerabilidad, además de multas económicas que van de los mil a los 2 mil días de salario de los imputados.
Con esta iniciativa las penas podrían alcanzar hasta los 22 años de cárcel en el caso que el acusado alcance el máximo de la pena actual.
Desde 2013 el delito de halconeo ya estaba tipificado en la legislación estatal, sin embargo, el uso creciente de herramientas tecnológicas y el incremento en la instalación ilegal de cámaras de videovigilancia, evidencian la necesidad de adecuar la norma a los nuevos desafíos.
El dictamen fue impulsado por la Comisión de Justicia y, tras su presentación y sin discusión por parte de los diputados en el Pleno, por unanimidad fue aprobado por mayoría en el Congreso local.
