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Los Mochis, Sinaloa.- Al borde de la desaparición y en bancarrota se declararon acuacultores del norte de Sinaloa, quienes denunciaron que la falta de acciones concretas del Gobierno Federal para frenar las importaciones de camarón extranjero, principalmente de China y Ecuador, mantiene al sector en una profunda crisis económica, con pérdidas millonarias y el riesgo de dejar sin empleo a miles de familias.

Durante una rueda de prensa, productores de Ahome expusieron que desde hace aproximadamente cuatro años han solicitado la intervención de las autoridades para regular el ingreso de camarón importado, que llega al mercado nacional hasta 20 o 30 pesos más barato por kilo que el producto mexicano, generando una competencia que consideran desleal.

Laura Magaña, productora de Ahome con 30 años de experiencia, expuso que producir un kilo de camarón cuesta entre 76 y 78 pesos, mientras que actualmente lo venden entre 60 y 65 pesos, generando pérdidas.

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Los acuacultores se declararon en bancarrota, ese fue el reclamo generalizado de quienes temen que, sin medidas inmediatas, la acuacultura mexicana continúe perdiendo terreno y desaparezcan empresas construidas durante décadas.

¿Qué certeza nos van a dar? No les interesa darnos certeza. Yo creo que el Gobierno Federal le interesa que dejemos de trabajar, que los productores bajemos la cortina y nos formemos en las filas de los apoyos de Bienestar. Eso es lo que están esperando.

¿Cómo es posible eso? Nosotros pedimos piso parejo, sabemos producir, sabemos tolerar. La acuacultura está en bancarrota, nada más que en bancarrota. En los últimos momentos de la acuacultura nacional, difícilmente este año, todos vamos a quedar con deudas”, señaló.

También alertó sobre posibles problemas sanitarios relacionados con enfermedades detectadas en los cultivos, cuya procedencia, dijo, deberá investigarse.

Los acuacultores anunciaron que buscarán un encuentro con la gobernadora para que intervenga ante la Federación y exigieron una respuesta definitiva, al advertir que podrían recurrir a nuevas protestas e incluso expresar su inconformidad mediante el voto en el próximo proceso electoral, manifestó Aldo Villaseñor.

Poner prácticamente ya un ultimátum, ya no vamos a permitir que se nos estén dando respuestas a 30 días, a 30 días, a 30 días. Si no se ponen a trabajar el año que viene van a saber las consecuencias. Y nosotros tenemos un montón de trabajadores a los que les vamos a decir cuál es la situación y vamos a protestar en base al voto. No puede ser posible que no tengamos un gobierno que nos escuche, que no tengamos un gobierno que nos dé soluciones, que no tengamos un gobierno que no sea sensible a la situación en la que estamos pasando. No nada más somos los productores, somos todos los trabajadores. Hay más de 12 mil familias en Sinaloa que viven de la acuacultura directamente, más otros 20 mil que viven indirectamente. Estamos en una situación crítica”, advirtió.

Efrén, productor de la región, manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrenta la actividad y las familias que dependen de ella. Como ejemplo, señaló que su planta procesadora emplea diariamente a 200 personas, además de los trabajadores de granjas, cosechadores y personal indirecto.

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¿De qué manera pueden sostener sus empresas si no tienen garantizado un mercado para colocar su producción?

El acuacultor advirtió que incluso cuando logran recuperarse los precios, existe el temor de que durante la próxima Cuaresma vuelva a ingresar camarón extranjero, como ocurrió en 2026.

Por su parte, Ramsés Chávez, productor y secretario de Acuacultores de Ahome, señaló que durante meses han sostenido reuniones con dependencias federales y estatales, incluso en Ciudad de México, sin obtener compromisos que se traduzcan en soluciones.

Explicó que los productores enfrentan condiciones desiguales frente a otros países, donde existen mejores condiciones de financiamiento, subsidios al diésel, electricidad y menores costos de operación. Por ello, demandan créditos accesibles, electrificación de granjas y medidas para regular las importaciones.

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¿Y qué ocurrirá con los trabajadores?

La situación también se refleja en la reducción de empleo debido a que miles de superficies de cultivo dejaran de producir.

Se estimó que alrededor de 3 mil hectáreas podrían dejar de sembrarse en 2027, lo que representa entre 25 y 30 por ciento de la superficie productiva de la región.

Advirtieron que varias granjas ya no cuentan con recursos para operar y que las empresas proveedoras de alimento y laboratorios han comenzado a limitar los créditos.

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