Washington.- El Gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de no permitir que los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que hayan ingresado al país bajo el programa de “parole humanitario” puedan extender este beneficio migratorio por más de dos años.
Este programa, que inició en octubre de 2022 para venezolanos y se amplió a las otras tres nacionalidades en febrero de 2023, ha acogido a más de medio millón de personas de estas nacionalidades.
Según una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al finalizar el plazo de dos años, aquellos en el programa de ‘parole’ que no hayan solicitado otro beneficio migratorio “deberán salir de EE.UU. o enfrentarán procedimientos de deportación”.
El ‘parole’ es un permiso temporal que permite a los beneficiarios ingresar y trabajar legalmente en Estados Unidos por dos años, requiriendo que cuenten con un patrocinador en el país.
Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para controlar la migración hacia EE.UU., la cual se ha visto acompañada de restricciones al asilo en la frontera con México.
Expertos mencionan que, aunque el ‘parole’ es temporal por naturaleza, la decisión de no permitir su extensión puede generar inestabilidad para los más de medio millón de migrantes beneficiarios.
Yael Schacher, directora para América de Refugees International, expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida, señalando que algunos podrían quedar sin estatus legal o perder la capacidad de trabajar.
Por otro lado, Aaron Reichlin-Melnick, abogado experto en migración, explicó que el programa del ‘parole’ surgió como parte de un acuerdo entre EE.UU. y México para trasladar migrantes a la frontera mexicana.
En este sentido, los migrantes de Venezuela y Haití que llegaron con ‘parole’ antes de ciertas fechas tienen la opción de aplicar al TPS, mientras que los cubanos pueden optar por una residencia temporal a través de la ley de ajuste cubano. Para los nicaragüenses, que no cuentan con un beneficio específico, la alternativa sería solicitar asilo u otro estatus migratorio.
La medida, anunciada a pocos días de las elecciones, ha generado controversia y críticas, especialmente por parte de los republicanos y del candidato a la presidencia, Donald Trump, quien prometió acabar con este beneficio en caso de ser electo.
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