La salida de un vuelo desde Texas la noche del martes 20 de mayo desató una controversia tras la deportación de un mexicano y siete migrantes por parte de las autoridades estadounidenses.
Según abogados, Jesús Muñoz Gutiérrez, de origen mexicano, habría sido enviado a Sudán del Sur junto con otros siete migrantes, procedentes de Cuba, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la deportación, pero mantuvo en secreto el destino final por razones de seguridad.
Las autoridades mencionaron que los deportados tienen antecedentes penales graves, desde asesinato hasta robo con arma de fuego, lo que dificultó encontrar un país dispuesto a aceptarlos. Finalmente, gracias a gestiones del Departamento de Estado, se logró ubicar un país que accedió a recibirlos.
La situación generó preocupación, ya que dos de los migrantes podrían haber sido enviados a Sudán del Sur, un país inmerso en un conflicto armado según advierte el Departamento de Estado de EE.UU. Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron un recurso de emergencia para evitar estas deportaciones.
El juez federal Brian Murphy intervino ordenando al Gobierno mantener la custodia de los migrantes y asegurar que puedan regresar a Estados Unidos en caso de que las expulsiones sean consideradas ilegales.
Esta polémica se suma a las crecientes tensiones entre el gobierno de Trump y el Poder Judicial por las políticas migratorias agresivas.
En un intento por acelerar las deportaciones, EE.UU. busca acuerdos con otros países, como el ocurrido en marzo con El Salvador, donde se envió a más de 200 personas, la mayoría venezolanos, a cambio de un pago millonario.
Estas acciones han desatado críticas y alertas sobre posibles violaciones al debido proceso, lo que ha llevado a expertos legales a advertir sobre una posible crisis constitucional en el país.
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