La Corte Suprema de Estados Unidos, de manera unánime, ha rechazado la millonaria demanda de México contra ocho prominentes fabricantes de armas de fuego. La acusación del gobierno mexicano apuntaba a que estas compañías contribuían a la violencia armada perpetrada por cárteles del narcotráfico.
La jueza Elena Kagan redactó la decisión que argumenta que la demanda mexicana no logró demostrar de forma plausible que las empresas estuvieran directamente involucradas en la venta ilegal de armas a grupos criminales.
La legislación estadounidense, en su mayoría, protege a los fabricantes de armas de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en la comisión de delitos.
El caso, conocido como Smith & Wesson Brands, Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos, fue inicialmente desechado por un tribunal de primera instancia en 2021. Sin embargo, un tribunal de apelaciones en Boston reactivó el litigio en 2024 bajo una excepción que permite avanzar demandas si se acusa a las empresas de violar la ley.
México alegó que las prácticas comerciales negligentes de los fabricantes han facilitado el tráfico de armas hacia territorio mexicano, aportando a la escalada de violencia y sufrimiento en el país.
Entre las compañías demandadas se encontraban reconocidas marcas como Smith & Wesson.
En una decisión unánime de 9-0, los jueces revocaron la sentencia que había permitido avanzar con la demanda contra Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms.
La acusación sostenía que estas empresas habían contribuido a la venta ilegal de armas, perjudicando al Gobierno mexicano.
Además, la demanda argumentaba que las empresas diseñaron y promocionaron sus armas de forma ilegal, asociándolas con el ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses para aumentar su demanda entre los cárteles.
Las compañías, por su parte, han afirmado que sus productos son legales y cumplen con las regulaciones.
México ha indicado que la mayoría de los homicidios en el país se cometen con armas provenientes de Estados Unidos, valuadas en más de 250 millones de dólares anuales. La desestimación de esta demanda por parte de la Corte Suprema marca un hito en este controvertido caso.
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