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Estados Unidos. – Cientos de ciudadanos serbios salieron este martes a las calles de Belgrado para expresar su rechazo al proyecto del empresario estadounidense Jared Kushner, yerno del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que planea construir un hotel de lujo sobre los restos del antiguo Estado Mayor yugoslavo, un edificio bombardeado por la OTAN en 1999 y considerado símbolo de la memoria histórica del país.
Las pancartas con lemas como “no damos el Estado Mayor” o “el yerno de Trump no es nuestro yerno” llenaron la avenida Kneza Miloša, donde se ubica el emblemático edificio. Los manifestantes acusaron al Gobierno serbio de ceder ante intereses extranjeros y aprobar una “ley especial” que, según denuncian, viola la normativa de protección patrimonial. El proyecto, valorado en 500 millones de dólares, prevé la construcción del primer Trump International Hotel en Europa, impulsado por la empresa de Kushner, Affinity Partners.
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Memoria histórica contra intereses económicos
El antiguo Estado Mayor yugoslavo fue uno de los lugares más bombardeados durante la campaña aérea de la OTAN hace más de dos décadas. Desde entonces, ha permanecido en ruinas como recordatorio del conflicto. Para muchos serbios, su demolición supone un intento de borrar parte de la historia reciente del país.
“Los inversores deben saber que haremos todo lo posible para sancionar cualquier acto ilegal derivado de esta situación, incluso demoliendo construcciones ilegales”, advirtió el arquitecto Vladislav Lalicki en declaraciones a la televisión N1.
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¿Qué reacciones internacionales ha generado esto?
Organizaciones como ICOMOS y el Consejo de Arquitectos de Europa expresaron su preocupación por la decisión del Parlamento serbio de autorizar la demolición y otorgar a Affinity Partners la gestión del terreno por un periodo de 99 años.
El permiso preliminar fue concedido incluso antes de que se revocara el estatus de bien cultural del edificio, lo que ha generado acusaciones de corrupción y favoritismo.
Kushner, quien fundó su firma tras dejar su cargo como asesor de la Casa Blanca en 2021, no ha emitido declaraciones públicas sobre las protestas, pero su proyecto ya ha encendido un debate global sobre los límites entre inversión extranjera y respeto al patrimonio histórico.
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