Ciudad de México.- El Gobierno de México rechazó este jueves 6 de noviembre la declaratoria de ‘persona non grata‘ emitida por el Congreso de Perú contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que la medida está motivada por “planteamientos falsos”.
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¿Qué postura tiene México?
En un comunicado, la Federación afirmó que México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos de Perú, y reiteró su compromiso con los principios de política exterior y su “sólida tradición diplomática”.
Respecto al asilo político concedido a la exprimera ministra peruana, Betssy Betzabet Chávez Chino, sostuvo que la decisión se tomó “en estricto apego al derecho internacional aplicable”, el cual es vinculante tanto para México como para Perú.
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¿Qué dice la ONU sobre el asilo político?
La administración mexicana recordó además que la Asamblea General de la ONU ha reconocido que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que “no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado”.
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¿Por qué se pronunció el Gobierno mexicano por la declaratoria de persona non grata de Perú hacia Claudia Sheinbaum?
El pronunciamiento de México ocurre luego de que el Congreso peruano aprobara la medida contra Sheinbaum Pardo con el argumento de una supuesta injerencia en temas políticos internos del país andino. La resolución legislativa generó reacciones inmediatas en el ámbito diplomático latinoamericano.
Fuentes del Servicio Exterior Mexicano consultadas señalaron que esta decisión del Congreso de Perú no afecta, por el momento, las relaciones bilaterales formales ni la operación de las embajadas de ambos países, aunque reconocieron que el ambiente político se mantiene tenso desde finales de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo fue destituido.
La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que México ha mantenido históricamente una postura de respeto a la soberanía de las naciones latinoamericanas y que su política exterior se rige por los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, fundamentos inscritos en la Constitución mexicana.
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