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Estados Unidos.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba limitar el derecho a la ciudadanía automática para hijos de migrantes indocumentados o de personas con visas temporales nacidos en territorio estadounidense.
Con esta resolución, la máxima instancia judicial reafirmó que ese beneficio está protegido por la Constitución y conserva una interpretación vigente desde hace más de un siglo.
La decisión representa uno de los principales reveses judiciales para la política migratoria del mandatario, al dejar sin efecto una medida que habría modificado uno de los principios históricos del sistema de nacionalidad en Estados Unidos.
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¿Qué resolvió el Tribunal Supremo sobre la ciudadanía por nacimiento?
Con una votación de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, la Corte determinó que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump no puede aplicarse, al considerar que contradice las garantías establecidas en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
El fallo ratifica el criterio que ha prevalecido durante más de 150 años: toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía de manera automática, salvo excepciones específicas, como los hijos de representantes diplomáticos extranjeros.
El dictamen fue elaborado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, con el respaldo de una mayoría integrada por jueces de distintas corrientes ideológicas, mientras que los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch expresaron su desacuerdo con la resolución.
“La ciudadanía, entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts en nombre del tribunal.
“Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”, añadió.
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¿Qué pretendía la orden ejecutiva promovida por Donald Trump?
La medida formó parte de las promesas de campaña del presidente estadounidense y fue firmada el mismo día en que inició su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, como uno de los primeros pasos de su estrategia para endurecer la política migratoria.
De haberse aplicado, la disposición habría afectado a cerca de 255 mil menores cada año, al impedir que obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense por haber nacido en el país cuando sus padres fueran migrantes en situación irregular o contaran únicamente con visas temporales.
En su resolución, el Tribunal Supremo examinó el significado constitucional de la ciudadanía por nacimiento y concluyó “que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento”.
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