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Internacional.- Francia dio un paso sin precedentes en la regulación del entorno digital al aprobar un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 15 años utilizar redes sociales. Con esta medida, el país se convierte en el primero de la Unión Europea en impulsar una restricción general de este tipo, en respuesta a la creciente preocupación por el impacto que el contenido digital puede tener en la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue respaldada por ambas cámaras del Parlamento y forma parte de las últimas reformas promovidas por el presidente Emmanuel Macron antes de concluir su mandato.

¿Qué establece la nueva legislación?

El proyecto de ley prohíbe a los menores de 15 años acceder a redes sociales y también contempla la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos de secundaria.

Las autoridades francesas buscan reducir la exposición de los estudiantes a los riesgos asociados con el uso excesivo de dispositivos y plataformas digitales, así como fomentar un entorno escolar con menos distracciones y mayor convivencia.

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¿Por qué Francia impulsa esta medida?

La propuesta surge en medio de un debate internacional sobre los efectos que las redes sociales pueden tener en la salud mental, el bienestar emocional y el desarrollo de los menores.

En los últimos años, diversos países han intensificado las discusiones sobre la necesidad de establecer límites al acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales, debido a preocupaciones relacionadas con el ciberacoso, la exposición a contenido nocivo y el uso excesivo de pantallas.

¿Cuándo entraría en vigor la prohibición?

El presidente Emmanuel Macron busca que la nueva legislación entre en vigor con el inicio del próximo ciclo escolar, previsto para septiembre.

No obstante, antes de su aplicación, el proyecto podría ser sometido a una revisión para verificar su compatibilidad con la Constitución francesa. En caso de que se lleve a cabo este proceso, la entrada en vigor de la medida podría retrasarse mientras las autoridades concluyen el análisis jurídico correspondiente.

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