Ciudad de México.- Empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas concentraron contratos millonarios para suministrar materiales electorales a organismos estatales, principalmente durante el periodo de 2014 a 2023, cuando obtuvieron adjudicaciones por más de 2 mil millones de pesos (mdp).

Así se revela en la investigación presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Ahí se expusieron los antecedentes de los empresarios, desde sus antiguos cargos en dependencias federales hasta la creación de compañías proveedoras como Cartonera Plástica.

De acuerdo con los registros revisados por el Gobierno Federal, las empresas relacionadas con los hermanos recibieron contratos de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), por lo que ahora se busca esclarecer cómo consiguieron las adjudicaciones y si existieron irregularidades en los procedimientos.

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¿Qué hacían los hermanos Hernández Casillas antes de obtener contratos electorales?

Antes de incursionar en el negocio de los materiales electorales, José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron en dependencias federales durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En 1983 se incorporaron al Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), entonces dirigido por Juan Carlos Padilla Aguilar. Posteriormente, también colaboraron con él cuando fue nombrado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Años después, los hermanos comenzaron su actividad empresarial y en 1999 constituyeron Cartonera Plástica, compañía con la que ingresaron al mercado de proveedores electorales.

Su primer contrato de este tipo llegó en 2005, cuando el Instituto Electoral del Estado de México les adjudicó 63.7 millones de pesos por materiales para los comicios. Sin embargo, ese procedimiento estuvo marcado por irregularidades que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.

La investigación federal también identificó que, aunque las empresas fueron fundadas por los hermanos, actualmente aparecen bajo el control de sus hijos en los registros corporativos.

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¿Cuánto dinero recibieron durante la gestión de Lorenzo Córdova?

El periodo de mayor crecimiento de estas compañías ocurrió entre 2014 y 2023, años que coinciden con la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Según los datos presentados por Buenrostro, durante esa década las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 094 millones de pesos, provenientes de 23 organismos electorales estatales.

Buenrostro también informó que entre 2024 y 2025 consiguieron otros 646 millones de pesos en adjudicaciones, por lo que las autoridades mantienen bajo revisión las operaciones y los procedimientos mediante los cuales recibieron esos recursos.

La funcionaria explicó que la investigación se apoyó en registros históricos de Compranet y documentación pública para reconstruir la trayectoria de los empresarios y sus compañías.

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¿Pueden las empresas seguir participando en licitaciones del Gobierno?

Aunque las compañías están bajo investigación, la secretaria aclaró que hasta el momento no existe una inhabilitación que les impida participar en licitaciones federales.

Explicó que la revisión continúa y que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar si existen elementos para imponer sanciones. Una vez que concluya el procedimiento, la Secretaría de Anticorrupción podrá retomar las medidas correspondientes mediante los convenios de colaboración entre ambas instituciones.

“Quien lo puede inhabilitar es la Auditoría Superior de la Federación y, con los convenios que tenemos, nosotros los podemos inhabilitar aquí, pero el procedimiento de investigación está en la Auditoría Superior de la Federación y, por convenios, podemos retomar la inhabilitación”, detalló Buenrostro.

Por su parte, Sheinbaum consideró que mientras se esclarecen los señalamientos, los organismos públicos deberían evitar contratar a estas compañías.

“Pero obviamente no se quieren contratar, ¿verdad?”, expresó la mandataria federal.

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