Ciudad de México.- Este 5 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes de varias décadas.
Al explicar cómo habría operado esta estructura en conferencia ‘mañanera‘, la mandataria federal señaló a los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas como principales articuladores de un grupo de empresas proveedoras y mencionó sus antecedentes en dependencias federales, así como sus presuntos vínculos con personajes que posteriormente participaron en organismos electorales y agrupaciones políticas.
“¿De dónde sale todo este cochinero? ¿esta mafia electoral?”, cuestionó Sheinbaum al exponer la ruta que conecta a antiguos funcionarios, empresarios y responsables de organismos electorales.
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¿Dónde comenzó la presunta red de corrupción y quiénes la habrían formado, de acuerdo con Sheinbaum?
Sheinbaum ubicó los primeros antecedentes de este esquema en 1989 y recordó que los hermanos Hernández Casillas trabajaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente en el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional).
De acuerdo con su explicación, ambos llegaron a esas dependencias mediante Juan Carlos Padilla Aguilar, quien fue director del Renapo y secretario general del Cisen.
Posteriormente, los empresarios comenzaron a obtener contratos relacionados con materiales electorales en el Estado de México, registrándose escándalos en 1999 y 2005.
Sheinbaum también mencionó que Padilla Aguilar apareció en 2022 como representante de una organización vinculada con Guadalupe Acosta Naranjo y que actualmente figura entre los integrantes destacados del partido Somos, al que relacionó políticamente con Lorenzo Córdova.
“¡Oh, sorpresa! En 2022 sale en la Organización de Acosta Naranjo, como su representante en el Estado de México. ¡Oh, sorpresa! Hoy es uno de los militantes más destacados del Partido Somos. ¿De quién es el Partido Somos? De Lorenzo Córdoba y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo”, destacó en Palacio Nacional.
La titular del Ejecutivo Federal apuntó que las empresas de los Hernández Casillas habrían mantenido presencia en las contrataciones electorales durante distintos periodos y cuestionó que, pese a los antecedentes no se establecieran mecanismos para evitar la concentración de proveedores.
“¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989 y se fortalecen en la época del Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdoba?”, expresó.
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¿Cómo se fortaleció esta estructura durante la gestión de Lorenzo Córdova?
La presidenta mexicana señaló que la reforma electoral de 2014, derivada del Pacto por México, modificó el mecanismo para elegir a los consejeros de los organismos electorales estatales, pues esa facultad pasó de los congresos locales al Consejo General del INE.
En sentido, recordó que Guadalupe Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova. Años después, llegó a la presidencia del INE mediante una insaculación en la Cámara de Diputados, luego de que los partidos políticos no alcanzaran la mayoría calificada para designar a una persona.
Sheinbaum Pardo consideró que estos antecedentes son importantes para entender cómo se integró la estructura electoral y por qué las mismas empresas continuaron obteniendo contratos durante varios años.
También cuestionó que, entre 2014 y 2023 se adjudicaran más de 2 mil millones de pesos en contrataciones relacionadas con materiales electorales sin establecer reglas que garantizaran mayor competencia.
“¿Quién da los lineamientos de contratación? ¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989 y se fortalecen en la época del Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdoba? Él dice, no, no fui yo, fueron los organismos electorales. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? ¡Tú!”, declaró Sheinbaum.
“¿Y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023? ¿Por qué no se hizo nada si ya sabían ellos cómo usar en sus propias entrevistas durante nueve años para poder hacer lineamientos claros de contrataciones? Más de 2,000 millones de pesos en aquella época. Y resulta que quien crea a los hermanos Hernández Casillas es miembro de su partido político, acabado de crear”, agregó.
Claudia Sheinbaum aclaró que no está exonerando ni responsabilizando anticipadamente a Taddei, pues consideró que corresponde a las autoridades determinar si existieron irregularidades durante su administración.
” Bueno… por eso es ¿de dónde sale todo este cochinero? ¿esta mafia electoral? No surgió con Taddei y nadie defiende si realizó un acto ilegal. Tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE”, dijo.
“Pero no nació ahí, discúlpenme. Tiene muchos años y se fortalecieron justo en esa época”, resaltó.
¿Qué cambios propone Sheinbaum para evitar nuevas irregularidades?
Ante los señalamientos, pidió continuar las investigaciones y deslindar responsabilidades. También informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado cuentas a partir de una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación.
Como medida para modificar el sistema de adquisiciones, anunció que presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo público encargado de producir las boletas electorales federales.
La propuesta contempla ampliar la participación en su consejo de administración, incorporar a más dependencias federales y permitir que la Auditoría Superior de la Federación y representantes de instituciones académicas participen como observadores.
Además, planteó que la fabricación de materiales como urnas y mamparas se abra a empresas mexicanas, con licitaciones transparentes, precios de referencia y contratación directa con los fabricantes, evitando intermediarios.
El objetivo es que una mayor cantidad de insumos electorales se produzcan en una empresa del Estado mexicano y que los organismos electorales tengan reglas claras para evitar diferencias excesivas en los precios que pagan por los mismos productos.
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