Baja California Sur.- Gustavo Darwin Aguirre, médico anestesiólogo investigado por las autoridades por presunta posesión de fentanilo, aseguró que tiene autorización para recetar medicamentos controlados y reveló que personal de la Fiscalía le exigió una buena cantidad de dinero para resolver su problema por “la vía rápida“.
El doctor concedió entrevista a Ciro Gómez Leyva, en donde aclaró que la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) le otorgó recetas con códigos de barra para la prescripción de este tipo de medicinas, con las cuales se puede rastrear el proceso desde el principio.
“Cofepris expide recetas con código, entonces ellos vieron la receta con el código. Cofepris no expide recetas a cualquier persona”, explicó.
Aguirre indicó que cuenta con los correos que comprueban que unas 200 recetas fueron concedidas por la Comisión, con las cuales trabaja desde hace dos años.
“Cada que yo receto un medicamento me llega una notificación de Cofepris indicando el nombre, dirección y otros datos del paciente a quien se le dio receta. Tengo toda esa evidencia”, declaró.
El médico afirma que la acusación en su contra proviene de una persona que está ‘ensañada’ con él, de quien omitió proporcionar su identidad, pues “ya la Fiscalía lo dirá”.
“Yo no estoy acusando a la Fiscalía, yo estoy con el problema con esta persona que está ensalada en el área médica, que ya tiene antecedentes de querer dañar a otros médicos”, señaló.
“Definitivamente siento que esta persona, por algo personal, está actuando en mi contra”, añadió.
Por su parte, Antonio Juárez, abogado de Aguirre reveló que además el doctor fue intentado extorsionar.
De acuerdo con el litigante, la fiscal de investigación de la Mesa de la Subdelegación de La Paz, Baja California Sur, le exigió dinero, cuando acudió a una rendir una declaración.
Gustado Darwin expuso que una persona participó en el cateo, lo abordó vestido de civil afuera de la Fiscalía, para decirle que había dos vías, la larga y cansada o la rápida, para la cual le pedía 200 mil pesos, propuesta que rechazó.
Por el contrario, solicitó hablar con la persona encargada del caso. No obstante, en lugar de responder porque le hacían tal exigencia, la Fiscalía llamó a su abogado para advertirle que ya no eran 200 mil, sino 600 mil pesos.
Además, el médico se dijo víctima de abuso de autoridad al momento del cateo, así como hubo intimidación en los interrogatorios a sus hijas.
Aguirre considera que es una injusticia que se le vulneren sus derechos, además de los de su familia y al gremio de la salud.
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