
Ciudad de México.- Con una suspensión provisional, la jueza Elizabeth Trejo, puso freno a la utilización de los 15 mil millones de pesos (mdp) que se ‘recortaron’ a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Y es que este recurso, pretendía ser destinado a la rehabilitación y reconstrucción de Acapulco azotado por el huracán ‘Otis’, como lo propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada.
La jueza del Noveno Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó la suspensión provisional al decreto que eliminaba los fideicomisos, para efecto de que no se disponga el dinero en cuestión, argumentando que va en detrimento de los derechos adquiridos por los integrantes del PJF, en materias de seguridad sociales y trabajo.
Agregó que esta medida cautelar no afecta el interés público y programó la audiencia incidental para el próximo 14 de noviembre, para resolver si se concederá a los juzgadores federales, una suspensión definitiva.
“Se concede a la Jufed la suspensión provisional de los actos reclamados para los efectos de que las cosas se mantengan en el estado que guardan”, se lee en el fallo.
Esto significa que se suspenden los actos derivados del decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, además de los artículos transitorios, segundo, tercero, cuarto y quinto, que ya estaban publicados desde el 27 de octubre pasado, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Además, en su resolución, Trejo indicó que los órganos del Poder Judicial que se desempeñen como fideicomitentes, se abstengan de coordinarse con los organismos que funjan como fiduciarias.
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Jufed analiza posibles violaciones a los principios de independencia y autonomía
Por su parte Froylán Muñoz, director nacional del Jufed (Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación), confirmó que obtuvieron la suspensión provisional.
Aseguró que se estudiarán las posibles violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial.
Asimismo, analizarán la división de poderes, progresividad, seguridad social y los derechos laborales que benefician a los integrantes de la Judicatura Federal.
“Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal”, destacó.
“Con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes”, añadió.
Gobierno federal no podrá usar el dinero para Acapulco, pero puede impugnar
Por otro lado, el gobierno que encabeza AMLO, está en derecho de impugnar esta suspensión provisional, turnando el caso al Tribunal Colegiado, para que resuelva si ratifica, modifica o revoca el fallo de la jueza Trejo.
Hasta que eso no suceda, la administración federal está impedida de utilizar los fondos eliminados al PJF por concepto de fideicomisos, para destinarlo a los apoyos de Acapulco y las zonas afectadas por ‘Otis’.
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