Ciudad de México. – El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ahora podrá llevar el proceso que se le sigue por el Caso Ayotzinapa en su domicilio, tras obtener de un Tribunal Colegiado una suspensión definitiva para que el proceso lo pueda continuar en prisión domiciliaria.
Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que el exprocurador Murillo Karam tiene derecho a este beneficio procesal y resolvieron modificar la resolución recurrida.
Detallaron que esta modificación permite que Murillo Karam permanezca en prisión preventiva justificada en su domicilio.
“El imputado sí tiene derecho a que la prisión preventiva justificada se ejecute en su domicilio, fijando las medidas de control que aseguren su cumplimiento, a través de debate en audiencia pública”, se puede leer en la resolución.
Además, los magistrados aclararon que no se está ordenando el cambio de la medida, sino simplemente se está redefiniendo el lugar en el que se va a ejecutar, lo que no implica su libertad.
¿Qué cargos se le imputan a Jesús Murillo Karam en el Caso Ayotzinapa?
Al extitular de la antigua Procuraduría General de Justicia (PGR), detenido el 19 de agosto de 2022 bajo acusaciones de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, es decir alteración de pruebas.
¿Qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa?
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, y población civil, en el lugar de los hechos, o que acudió a ayudar a los normalistas.
Todo comenzó cuando el grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para “tomar” autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión contra estudiantes acaecida en 1968.
Sin embargo, los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a cinco transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles. Detuvieron a 43 normalistas, a quienes desaparecerían.
Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no sólo por parte de agentes estatales sino también por la de algunos civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esa zona guerrerense.
Esto según el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamaericana de Derechos Humanos.
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