Cancún, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo desmanteló una red de trata de personas que operaba desde el interior de una secundaria pública en Cancún, donde una alumna reclutaba a sus compañeras para ofrecer servicios sexuales como “escorts”.
El caso ha generado conmoción en la comunidad educativa y reabre el debate sobre la vulnerabilidad de menores en entornos escolares.
De acuerdo con las autoridades, el operativo se realizó en la Escuela Secundaria General No. 6 “Belisario Domínguez”, ubicada en la Supermanzana 64 del municipio de Benito Juárez. Gracias al programa institucional “Prevención a través de la educación”, se logró detectar la red y rescatar a dos adolescentes víctimas de explotación sexual, quienes ya reciben atención integral.
Las primeras indagatorias señalan que una alumna de la secundaria convencía a sus compañeras para trabajar como “chicas de compañía”, ofreciéndoles dinero, regalos y dispositivos electrónicos. Una vez captadas, las menores eran presentadas ante Elizabeth Shekina “N”, identificada como la presunta líder del grupo delictivo.
Ella se encargaba de transportar y entregar a las adolescentes con los clientes, quienes pagaban entre 2,500 y 3,000 pesos por encuentro. De ese monto, la detenida obtenía una comisión de 500 pesos.
Los servicios se realizaban en moteles locales, y los pagos eran en efectivo. Además del dinero, los clientes entregaban obsequios como teléfonos celulares, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las menores. La FGE confirmó que la red operaba tanto dentro como fuera del estado.
Tras una investigación de campo e inteligencia, se obtuvo una orden de aprehensión contra Elizabeth Shekina “N”, quien fue detenida en Benito Juárez y puesta a disposición de un juez de control. En los próximos días se definirá su situación jurídica por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la menor reclutadora ni su situación legal, aunque la Fiscalía indicó que se ampliarán detalles conforme avance el proceso. El caso ha sido catalogado como prioritario por las autoridades estatales, que reiteraron su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes.
Organizaciones civiles han exigido reforzar los protocolos de prevención en escuelas, capacitar al personal docente y establecer canales seguros de denuncia. La FGE llamó a la ciudadanía a reportar cualquier indicio de explotación infantil a través de sus plataformas oficiales.
Este caso evidencia la urgencia de fortalecer la vigilancia en entornos escolares y garantizar que los espacios educativos sean seguros para todos.
Con información de El Heraldo de México
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