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Ciudad de México.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados logró anoche contener parcialmente la presión ejercida por organizaciones campesinas y transportistas que, desde hace tres días, mantienen bloqueos intermitentes en carreteras, casetas y cruces fronterizos en alrededor de 20 entidades del país.
Las movilizaciones, encabezadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y respaldadas por agrupaciones de transportistas, han generado afectaciones en el tránsito de personas, así como retrasos en el traslado de mercancías, en un contexto de reclamos que incluyen mejores precios para las cosechas, modificaciones a la nueva Ley de Aguas impulsada por el gobierno federal y mayores medidas de seguridad en las vías.
En medio de la tensión, la interlocución se ha canalizado hacia el Congreso. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, junto con legisladores del PT, ha asumido la tarea de acompañar las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).
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La mediación legislativa fue reconocida por Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente y exdiputado, quien aseguró: “vamos a impulsar la comunicación con Segob pero con la intervención de los diputados y la anuencia de Monreal: van a ser mediadores”.
Es por ello que los productores del campo consiguieron instalar mesas de trabajo para revisar los puntos más controvertidos de la ley, mientras los diputados buscan reactivar un canal estable de negociación con Gobernación.
Paralelamente, el Gobierno federal acordó con los representantes del sector transportista programar un encuentro con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con el fin de revisar estrategias para combatir los asaltos en carreteras.
La expectativa de las autoridades es que la reapertura del diálogo permita levantar los bloqueos en cuanto las partes retomen formalmente la mesa de negociación.
En el terreno legislativo, algunos diputados del bloque mayoritario han adelantado posibles ajustes a las disposiciones sobre concesiones de agua. La redacción original de la Ley de Aguas planteaba que los permisos ya no podrían ser transferidos entre particulares y regresarían al Estado para su eventual reasignación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Organizaciones campesinas consultadas argumentan que esta restricción anularía su capacidad para vender o heredar terrenos, al perder el valor que confiere el derecho al uso del agua; aseguran que esta medida vulnera derechos adquiridos y afecta directamente al patrimonio de las comunidades rurales.
Las declaraciones emitidas por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob a inicios de semana, cuando señaló que las protestas podrían tener ‘tintes políticos’ y mencionó la existencia de ‘carpetas de investigación’, creo mayor distanciamiento con los grupos movilizados.
Ante el malestar generado, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso para matizar lo dicho por la funcionaria federal, aclarando al día siguiente que sus palabras fueron ‘malinterpretadas’ y desmintiendo que se esté investigando penalmente a los manifestantes.
La mandataria reiteró que su administración no ejerce represalias contra quienes se manifiestan, aun cuando los bloqueos puedan encuadrar en conductas sancionables por la ley.
“Confiamos más en todos los legisladores que en la secretaria de Gobernación”, afirmó Eraclio Rodríguez, quien prevé una larga jornada de negociaciones en la sede de Segob.
Los dirigentes del movimiento esperan alcanzar un acuerdo durante las primeras horas del jueves, lo que permitiría retirar los bloqueos que han impactado la actividad económica en zonas clave del país.
“Los bloqueos se quitarán cuando iniciemos el diálogo. Hay posibilidades de que sea por la madrugada o por la mañana, depende de cómo vaya avanzando la negociación”, señaló el productor chihuahuense.
El compromiso ahora recae en los legisladores de la mayoría, que aceleran los trabajos para concretar un texto de consenso sobre la Ley de Aguas. La iniciativa está prácticamente lista y se espera que llegue al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación antes del 11 de diciembre.
Con información de ‘El País’
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