La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de encabezar un esquema de desvío de recursos públicos durante su administración (2010–2016). Tras su detención el 8 de diciembre, fue trasladado al Penal de Altiplano y compareció ante una jueza federal para enfrentar cargos de lavado de dinero.
Detención y traslado
Duarte fue capturado en Chihuahua capital mediante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México para certificación médica y llevado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, considerado de máxima seguridad.
Su ingreso ocurrió la noche del 8 de diciembre, bajo un fuerte dispositivo federal.
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Comparecencia judicial
La audiencia inicial se realizó el 9 de diciembre de 2025 ante la jueza de control María Jazmín Ambriz López, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
La FGR busca vincularlo a proceso por lavado de 96.6 millones de pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su mandato.
Es la primera orden de aprehensión federal ejecutada contra Duarte desde que concluyó su gestión en 2016.
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Acusaciones de la FGR
La Fiscalía sostiene que Duarte encabezó un esquema de desvío de recursos públicos, triangulados a través de empresas y cuentas privadas. Se le acusa de lavado de dinero y uso indebido de funciones públicas.
El caso se suma a procesos previos en Chihuahua por corrupción y peculado.
Estados Unidos habría autorizado en tres ocasiones que México procediera penalmente contra él.
Impacto político y social
La detención de Duarte reaviva el debate sobre la rendición de cuentas de exgobernadores acusados de corrupción. Organizaciones civiles en Chihuahua han exigido que se garantice justicia y reparación del daño.
El caso podría convertirse en un precedente nacional en la lucha contra el desvío de recursos públicos.
Próximos pasos
La jueza decidirá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. De confirmarse, Duarte enfrentará un juicio federal por lavado de dinero, con posibilidad de ampliarse a otros delitos relacionados.
La FGR aseguró que continuará integrando pruebas y testimonios para fortalecer la acusación.
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