Jalisco.-Las autoridades de seguridad en Jalisco manifestaron inquietud luego de que documentos vinculados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mencionaran a corporaciones policiales estatales dentro de una presunta lista de pagos ilegales. No obstante, funcionarios del gobierno local aclararon que la sola aparición de nombres en dichos papeles no implica necesariamente que exista participación de elementos de seguridad en actividades ilícitas.
El coordinador estratégico del gabinete de Seguridad estatal, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que la situación genera preocupación entre las autoridades. Sin embargo, subrayó que se trata de información preliminar que debe analizarse con cautela.
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¿Qué dijeron las autoridades sobre los documentos?
Alarcón Estrada explicó que los papeles, relacionados con el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, contienen menciones a corporaciones policiales, pero esto por sí solo no constituye una prueba.
“No es que estén involucradas necesariamente, aparecieron por ahí en algunos documentos, eso es todo, es un nivel de presunción, si usted quiere, cualquiera puede dejar un papel tirado ahí afuera, poner los nombres de alguien y no necesariamente por esto (se está involucrado); se tienen que hacer las investigaciones, las autoridades correspondientes las tiene que hacer, las áreas de Asuntos Internos tanto de las propias instituciones de seguridad, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad estarán haciendo su trabajo, lo hacen cotidianamente”, señaló.
El funcionario insistió en que cualquier señalamiento debe investigarse con base en evidencias y a través de los mecanismos institucionales correspondientes.
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¿Cómo se revisa a los elementos de seguridad?
De acuerdo con el coordinador del gabinete de seguridad, las corporaciones estatales realizan evaluaciones periódicas a su personal. Estas revisiones forman parte de los controles de confianza que buscan detectar irregularidades o comportamientos indebidos dentro de las instituciones.
A pesar de ello, reiteró que la simple mención de dependencias en una supuesta lista de pagos del crimen organizado no puede considerarse automáticamente como prueba de delito.
“Tiene que haber un delito para que se inicien las investigaciones, si no hay evidencias la autoridad investigadora está impedida para iniciar las investigaciones”, insistió.
¿Quién debería investigar el caso?
Alarcón Estrada consideró que, debido al origen de los documentos y al contexto en el que fueron encontrados, el caso podría corresponder principalmente a instancias federales.
En ese sentido, señaló que las autoridades federales tendrían la facultad de integrar una investigación más amplia para determinar la veracidad de la información.
“Debe ser en principio una investigación de carácter federal que deberán de hacer, o seguramente están haciendo, en tanto que esto sale de unos documentos debería ser integrado por autoridades federales”, dijo.
Mientras tanto, las autoridades estatales indicaron que continuarán con los procesos internos de supervisión y revisión del personal de seguridad, a fin de garantizar la integridad de las corporaciones y esclarecer cualquier señalamiento que pudiera surgir.
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