La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció este miércoles un mensaje a medios en el que confirmó que recibió, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa.
El vocero de la institución Ulises Lara explicó que la FGR debe cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente, y que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizará la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes que justifiquen las solicitudes.
La FGR iniciará de manera paralela una investigación propia para reunir información que permita establecer si las acusaciones cuentan con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión en México.
El mensaje subrayó que la legislación mexicana exige presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que una persona haya cometido un delito, y que el tratado bilateral de extradición establece que solo se concederá si las pruebas son suficientes conforme a las leyes mexicanas.
La Fiscalía precisó que la solicitud estadounidense no se acompaña de evidencias contundentes y recordó que, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la información remitida en estos casos debe manejarse con carácter confidencial y reservado.
Asimismo, se destacó que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de que puedan ser sujetos de acción penal.
¿Qué recibió la FGR?
Solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por EE.UU.
¿Qué hará la Fiscalía?
Analizará la documentación y abrirá una investigación paralela para reunir pruebas.
¿Qué limitaciones existen?
La solicitud carece de evidencias contundentes y debe respetar la confidencialidad diplomática.
La FGR reiteró que actuará con pleno respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho, garantizando los derechos y las garantías de las personas requeridas. “Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”, concluyó el mensaje oficial.
