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Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer la incorporación de nuevas personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), medida aplicada con carácter preventivo tras reportes emitidos por instituciones bancarias mexicanas.
De acuerdo con el comunicado oficial fechado el 18 de mayo de 2026, estas acciones surgieron luego de alertas relacionadas con señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, junto a otras 9 personas.
La dependencia explicó que los bancos nacionales activaron mecanismos de monitoreo debido a sus relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, principalmente respecto a clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
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¿Por qué se aplicó la inmovilización preventiva de cuentas?
La UIF indicó que la inmovilización se realizó a partir de reportes bancarios identificados como “LPB 24 Horas”, mecanismo mediante el cual se notifican movimientos considerados relevantes dentro del sistema financiero.
Según el organismo, la finalidad de esta acción es resguardar la estabilidad e integridad del sistema financiero mexicano mientras continúan los procesos de revisión correspondientes.
La autoridad financiera aclaró además que estas medidas no representan una resolución definitiva ni significan que exista responsabilidad acreditada contra las personas involucradas.
En ese sentido, subrayó que el procedimiento tiene carácter administrativo y preventivo.
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¿Qué opciones legales tienen las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas?
El comunicado también señala que quienes fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas pueden recurrir a distintos mecanismos legales previstos en la legislación mexicana.
Entre ellos se encuentran el derecho de audiencia y la posibilidad de promover recursos administrativos o jurisdiccionales para impugnar las medidas aplicadas.
La UIF añadió que continúa revisando documentación e información relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en estos reportes, utilizando criterios técnicos y analíticos similares a los que emplea en otros casos dentro del sistema financiero nacional.
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