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Ciudad de México.- Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario, prevención y reinserción social de Chihuahua, y General de División Diplomado del Estado Mayor en retiro, aparece como socio de Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV, empresa de seguridad privada sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la compañía estaría bajo el control del empresario Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como operador de una red de lavado de dinero ligada a dicho grupo criminal.
Según documentos revisados en el Registro Público de Comercio, Fernández Acosta se integró como socio de la empresa en febrero de 2022, luego de que Jesús Alfredo Orozco Beltrán transfiriera parte de las acciones al funcionario y a Liliana Orozco Romero, quien también fue sancionada por la OFAC al ser considerada parte de la estructura financiera investigada por Estados Unidos.
Tras ese movimiento societario, el subsecretario asumió la presidencia del Consejo de Gerentes de la compañía, posición que le otorgaba facultades para administrar y dirigir las operaciones del negocio. Aunque existen inconsistencias en los registros sobre el porcentaje exacto de participación accionaria, el documento más reciente disponible, fechado en agosto de 2022, le atribuye 19% del capital social.
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¿Cuál es la reacción de Fernández Acosta ante estos hallazgos?
Al ser cuestionado sobre su relación con la empresa, Fernández Acosta ofreció declaraciones ambiguas y contradictorias.
En entrevista, afirmó que fue engañado respecto a la naturaleza de la compañía. “A mí me la pasaron (Grupo Mamba Negra) como si fuera una empresa de seguridad. pero me estafaron”, aseguró, aunque no detalló cómo habría ocurrido el supuesto fraude.
El funcionario explicó que años atrás conoció en Chihuahua a un hombre llamado Alfredo Orozco, quien supuestamente le ofreció participar en una empresa de seguridad ya constituida. Según dijo, aceptó fungir como representante legal sin conocer los presuntos vínculos de la firma con actividades ilícitas.
“El que a mí me vendió (Alfredo Orozco), bueno, el que supuestamente se asociaba conmigo, es un cuate (que) yo creo que salió por malas mañas de aquí en Chihuahua. He tratado de comunicarme con él y nunca me contesta. Yo me imagino que está en Estados Unidos”, declaró.
El servidor público también aseguró que intentó darse de baja de la empresa mediante un trámite notarial, pero señaló que no pudo concretarlo debido a que era necesaria la presencia de todos los socios.
A pesar de ello, afirmó desconocer que todavía figura oficialmente como integrante de la sociedad ante el Registro Público de Comercio. Asimismo, negó conocer a Liliana Orozco Romero y sostuvo que ignoraba los presuntos nexos de Grupo Mamba Negra con el Cártel de Sinaloa.
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¿En cuáles otras compañías tiene participación el subsecretario?
Además de esta compañía, registros mercantiles muestran que el funcionario ha participado en al menos otras cuatro empresas:
- Seguridad Privada Quac
- Iksa Servicios de Seguridad Privada y Limpieza
- Renta de Vehículos Fervillan Sociedad Anónima de Capital Variable
- Huevos y Aves Acosta
Sin embargo, ninguna de ellas aparece reportada en las declaraciones patrimoniales públicas disponibles desde 2021 en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Por el contrario, el subsecretario sí declaró ingresos provenientes de una empresa identificada únicamente como ‘productora agrícola’.
En su declaración patrimonial de 2025 reportó ganancias por 29 millones 700 mil pesos derivadas de esa actividad empresarial. El mismo documento también consigna ingresos anuales netos por 372 millones 96 mil 446 pesos, de los cuales más de 190 millones de pesos fueron registrados como percepciones derivadas de su cargo público.
Cuestionado sobre la ausencia de sus empresas en las declaraciones patrimoniales, Fernández Acosta evitó responder directamente.
Respecto a los más de 190 millones de pesos reportados como ingresos por función pública, aseguró que se trató de ‘un error de la secretaria’ y afirmó que la cifra correcta rondaría un millón 900 mil pesos.
Con información de ‘El Universal’
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