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Ciudad de México.— La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que el próximo 14 de julio entrará en vigor la reclasificación del tramadol como medicamento controlado, dentro de la Fracción III del artículo 245 de la Ley General de Salud. Desde esa fecha, el fármaco solo podrá dispensarse con receta médica ordinaria emitida por cualquier médico con cédula profesional.
¿Por qué se tomó esta medida?
La decisión busca prevenir el consumo inadecuado de este analgésico opioide, debido a su potencial de dependencia. Sin embargo, COFEPRIS aclaró que el medicamento seguirá disponible para pacientes que lo requieran en el manejo del dolor, siempre que presenten la receta correspondiente.
¿Qué obligaciones tendrán farmacias y distribuidores?
Las farmacias deberán sellar las recetas, indicar fecha y cantidad surtida, además de registrar cada operación en los libros de control. Los distribuidores y almacenes, por su parte, tendrán que verificar que los establecimientos cuenten con licencia sanitaria, resguardar el producto en áreas restringidas y garantizar su trazabilidad digital.
¿Qué deben hacer fabricantes e importadores?
Los fabricantes e importadores deberán modificar registros sanitarios, actualizar etiquetado e información para prescribir, además de implementar un plan para agotar existencias con etiquetado previo y asegurar que la nueva producción cumpla con la leyenda de medicamento controlado.
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¿Qué alternativas existen para el dolor?
COFEPRIS recordó que hay opciones terapéuticas como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y paracetamol para dolor leve a moderado, así como duloxetina, amitriptilina, gabapentina y pregabalina para dolor neuropático. Estas pueden combinarse con terapias no farmacológicas como fisioterapia, ejercicio y terapia cognitivo-conductual.
Con estas disposiciones, la COFEPRIS busca equilibrar el acceso al tramadol para quienes lo requieren en el manejo del dolor, con un mayor control para evitar su uso indebido. El llamado a pacientes y establecimientos es claro: privilegiar la atención médica profesional y cumplir con la normativa vigente, a fin de garantizar un consumo seguro y responsable que proteja tanto la salud individual como la seguridad pública.
