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Ciudad de México.- Las llamadas reiteradas para ofrecer tarjetas de crédito, seguros, préstamos o cualquier otro producto sin autorización del consumidor podrían resultar muy costosas para las empresas.

Y es que el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que eleva las sanciones por este tipo de prácticas y contempla multas de hasta 2 millones 345 mil 728 pesos.

La modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor pretende poner un freno a las estrategias de mercadotecnia que recurren de manera persistente a los teléfonos de los usuarios para promover servicios o productos que no solicitaron.

El cambio al artículo 18 Bis establece un nuevo rango de sanciones, que comenzaría en 56 mil 570 pesos y podría alcanzar el monto máximo de 2 millones 345 mil 728 pesos para quienes incumplan las restricciones.

La propuesta fue presentada por la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, quien argumentó que el volumen de comunicaciones publicitarias que reciben los consumidores se ha convertido en un problema que requiere mayores medidas de protección.

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¿También se castigarán los mensajes enviados por WhatsApp?

Las restricciones previstas no se concentran exclusivamente en las llamadas telefónicas. La reforma contempla igualmente otros mecanismos de contacto utilizados para promocionar bienes y servicios, entre ellos las aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

De esta manera, el proveedor no sólo deberá abstenerse de realizar llamadas comerciales insistentes sin consentimiento, sino también de utilizar otros canales de comunicación para mantener este tipo de contacto no solicitado.

La responsabilidad tampoco desaparecerá cuando una compañía delegue sus campañas en un tercero. De acuerdo con las modificaciones aprobadas, los proveedores conservarán obligaciones frente a las prácticas publicitarias realizadas por las empresas que contraten para ese propósito.

Con ello, se busca evitar que la subcontratación de agencias o empresas dedicadas a la mercadotecnia sea utilizada como argumento para eludir las disposiciones de protección al consumidor.

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¿Por qué se decidió endurecer las sanciones?

Uno de los elementos considerados por los legisladores fue la frecuencia con la que los usuarios reciben llamadas no deseadas.

El dictamen cita información de Truecaller según la cual México se encuentra entre los países con mayor cantidad de comunicaciones de este tipo, con un promedio de entre 20 y 25 llamadas spam al mes por usuario.

El documento señala que el problema trasciende la molestia que generan estas llamadas, debido a que el contacto constante también puede representar un riesgo adicional para la privacidad de las personas y exponerlas a posibles intentos de fraude.

Aunque desde hace años opera el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, los legisladores concluyeron que las sanciones existentes no han sido suficientes para contener las comunicaciones comerciales no autorizadas.

Por esa razón, la propuesta que llegó al Senado terminó enfocándose en aumentar las multas, en lugar de establecer un nuevo registro como se planteaba inicialmente.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. Si los diputados la avalan sin modificaciones, el proyecto continuará su trámite ante el Ejecutivo federal y de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), comenzaría a aplicarse al día siguiente.

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