La madre buscadora Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que obtuvo junto con su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores la primera certificación oficial de competencias para la búsqueda de personas desaparecidas en México, un reconocimiento que formaliza una labor que las familias realizan desde hace años ante la crisis nacional de desapariciones.
¿Qué implica la certificación?
El documento corresponde al Estándar de Competencia EC1542 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que avala conocimientos para recabar información, elaborar fichas, realizar búsquedas de campo y remotas, entrevistas e informes sobre personas desaparecidas.
¿Qué dijo Cecilia Flores?
En un mensaje en X, la activista señaló: “Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos”. Añadió que la constancia es “mucho más que recibir un documento”, pues representa el inicio para que más familias buscadoras se certifiquen.
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Flores se convirtió en una de las voces más visibles de la crisis de desapariciones tras la pérdida de sus hijos Alejandro Guadalupe (2015) y Marco Antonio (2019). Desde entonces ha encabezado búsquedas en distintos estados, con recursos propios y bajo amenazas, lo que la llevó a ser reconocida en 2022 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes.
También, denunció amenazas y fue localizada con vida tras episodios de desaparición o incomunicación en 2023 y 2024.
¿Qué panorama enfrenta México?
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el país existen más de 130 mil personas sin localizar desde 1950, lo que refleja la magnitud de la crisis y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas en la búsqueda.
El reconocimiento a Cecilia Flores y su hija marca un precedente en México, al otorgar por primera vez una acreditación formal a familiares buscadores, quienes han asumido una labor que debería corresponder al Estado en la atención de la crisis de desapariciones.
Con información de López – Dóriga
