Reinventando la Política

 

Los cambios en el gabinete de Graciela Domínguez no parecen responder únicamente a una revisión administrativa. Si se observan en conjunto, empiezan a dibujar una ruta política bastante más interesante: primero asegurar los recursos, después acomodar las piezas de la operación política y, finalmente, preparar el terreno para el control territorial y electoral.

La primera etapa pasó por las áreas financieras. No es un asunto menor: quien controla el presupuesto, los mecanismos de gasto y la obra pública tiene buena parte de las herramientas para ordenar una administración y construir lealtades.

Después vinieron los movimientos en las áreas de articulación política, particularmente la Secretaría General de Gobierno, donde se encuentra buena parte de la operación de gobernabilidad, interlocución y negociación. Ahí lo más seguro es limpia total.

Lo que sigue, si esta lectura tiene sentido, es la política electoral-asistencialista. Ahí aparecen dos piezas fundamentales: Sebides y la Delegación de Bienestar. Esta última pertenece al ámbito federal, pero en la práctica su operación territorial no puede entenderse al margen de los gobernadores y de sus relaciones con el centro del país. Los programas sociales, sus padrones y su capacidad de presencia en las comunidades constituyen una de las herramientas más importantes de articulación y control territorial. Y en política, quien tiene presencia en el territorio lleva ventaja cuando llegan las urnas.

Pero hay una oficina que no se puede cambiar con la misma facilidad que una secretaría: la Fiscalía General del Estado. Ahí el trabajo será más delicado; habrá que desmontar lo que se tenga que desmontar, ya sea con espátula o con cepillo de dientes. Pero esa sigue y tiene que ser rápido.

Y es que la Fiscalía de Sinaloa no es como todas las demás. Ahí se concentran expedientes, investigaciones, información y secretos que pueden tener consecuencias políticas de dimensiones mayores. Quien llegue a esa oficina tendrá que saber hacer dos cosas: abrir la caja de Pandora o remacharla con tres candados.

Hasta ahora, los nombramientos han seguido una lógica reconocible: colocar perfiles vinculados al equipo político de la gobernadora. Es una regla elemental de supervivencia política: primero se asegura la base propia y después se amplía el margen de maniobra.

Sin embargo, la próxima designación en la Fiscalía tendrá, al menos, tres pistas posibles. La primera: que la gobernadora construya el nombramiento de común acuerdo con Palacio Nacional. La segunda: que se alcance ese mismo entendimiento con la presidenta, pero incorporando a la senadora Imelda Castro (por razones obvias) en la negociación. Y la tercera: que, sin dejar de voltear a la Ciudad de México, la rifa del tigre termine en manos de alguien del propio equipo de Graciela Domínguez que reúna el perfil y, sobre todo, la confianza necesaria.

Porque aquí no se trata solamente de nombrar a un fiscal. Se trata de decidir qué se investiga, qué se revisa, qué permanece intacto y hasta dónde llega la voluntad de modificar las estructuras heredadas y la Fiscalía también es una válvula en el tema del conflicto de inseguridad que hay en Culiacán.

De que habrá cambios en la Fiscalía, todo apunta a que los habrá. La verdadera incógnita es si se optará por mantener cerrada la caja de Pandora o por abrirla. Porque si alguien decide levantar la tapa, hay una fecha que difícilmente podrá quedar fuera de la discusión política: julio de 2024.

Y entonces lo ocurrido en aquel mes no será solamente un asunto de expedientes ministeriales. Se convertirá en uno de los temas que acompañarán la conversación pública y la campaña electoral de 2027.

Al final, los cambios en el gabinete pueden ser una operación de gobierno, pero la Fiscalía será la verdadera prueba de hasta dónde llega la voluntad de cambio y de la regeneración política de Morena en Sinaloa.