Las declaraciones de Terrance Cole, Titular de la DEA, no solamente deben leerse por lo que dijo el funcionario estadunidense, sino también por el momento político en que se producen. Las últimas advertencias de que ha venido haciendo este poderoso colaborador del presidente Trump, sobre los vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales vuelven a colocar sobre la mesa un tema incómodo para el poder: la narcopolítica.

Cole advirtió que la corrupción en México alimenta las redes de los cárteles y aseguró que la DEA está comprometida a exhibir los vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos. No presentó nombres ni pruebas públicas en su reciente pronunciamiento. Sin embargo, sus palabras adquieren otra dimensión cuando recordamos que este mismo funcionario dejó su posición regional en México en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en medio de una relación cada vez más deteriorada entre la administración mexicana y la agencia estadounidense.

Aquella relación terminó prácticamente congelada. López Obrador cuestionó las operaciones de la DEA, restringió las actividades de agentes extranjeros y cerró espacios de cooperación.

Hoy, paradójicamente, Cole ha encontrado en Omar García Harfuch un interlocutor privilegiado, al que incluso calificó como un socio de confianza y un buen amigo, durante un encuentro internacional.

Y aquí comienza otra lectura política. Harfuch no solamente es el responsable de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum; su nombre también aparece entre los perfiles que podrían entrar en la conversación sucesoria de 2030. La relación con Washington, en particular con la DEA, coloca su figura en una posición relevante dentro de la discusión sobre seguridad, soberanía y poder político.

Mientras tanto, en otra pista del mismo tablero, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, enfrenta dificultades para conseguir respaldo político. El dirigente del PVEM en Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, prácticamente descartó apoyar sus aspiraciones a una diputación federal en 2027 y expresó su respaldo a Jorge Bracamonte.

No es un asunto menor. Si el hijo del expresidente tiene dificultades para construir una candidatura intermedia, también queda expuesta la distancia entre la influencia heredada del apellido y la capacidad real de construir acuerdos políticos propios.

La sucesión de 2030 todavía parece lejana, pero sus movimientos ya comenzaron. Y aunque nadie ha abierto formalmente esa competencia, los nombres, las alianzas y los desencuentros empiezan a acomodarse.

En medio de todo esto, las advertencias de Cole introducen una variable adicional: la narcopolítica dejó de ser solamente una discusión doméstica para convertirse también en un instrumento de presión en la relación bilateral con Estados Unidos.

Al final, la pregunta no es solamente quién llegará a la sucesión de 2030, sino en qué condiciones políticas, institucionales y de seguridad llegará el país. Porque mientras unos buscan candidaturas, otros advierten que tienen nombres en sus expedientes. Y en política, a veces, lo que parece una disputa por posiciones termina revelando algo mucho más profundo: dónde están realmente las relaciones de poder.

Hay que poner atención a las palabras del Sr. Cole, sobre todo aquí… en Sinaloa.