Ruta Agrícola

 

La posibilidad de que México prohíba 61 plaguicidas representa una amenaza para el campo si el retiro ocurre sin alternativas eficaces y accesibles. Productores, trabajadores y empresas podrían enfrentar mayores costos y pérdidas de cosecha. El análisis exige evaluar cómo proteger la salud sin dejar a los cultivos expuestos a plagas y enfermedades.

 

Marcos Orellana, relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, informó el 20 de marzo de 2026 sobre un decreto en preparación con 61 plaguicidas. El anuncio exige prever qué ocurriría si se retiran productos usados por los agricultores. Conocer los posibles sustitutos permitiría preparar ensayos y evaluar sus resultados.

 

El antecedente es la prohibición de 35 plaguicidas publicada en septiembre de 2025. El impacto de otro decreto dependería de los productos y usos afectados. Una sustancia puede ser decisiva para cierto cultivo y tener poca relevancia en otro. Sin conocer el alcance del nuevo listado, es prematuro calcular pérdidas o señalar cultivos perjudicados.

 

Proteger a jornaleros y comunidades rurales debe orientar las decisiones. El riesgo depende de la sustancia, la dosis y la exposición; también hay efectos sobre el agua y los organismos benéficos. Reducir esos peligros requiere vigilancia y capacitación. La responsabilidad del gobierno incluye ayudar al productor a adoptar opciones de menor riesgo.

 

Las plagas, malezas y enfermedades seguirían presentes después de una prohibición. Cuando se retira una herramienta de control, hace falta saber qué la sustituye, con qué eficacia y bajo cuáles condiciones. Una alternativa disponible en el catálogo puede no estar autorizada para el cultivo afectado o llegar demasiado tarde al momento de aplicación.

 

Si el sustituto cuesta más o requiere aplicaciones adicionales, el gasto por hectárea podría aumentar. El efecto dependería del cultivo y del manejo empleado. También puede haber opciones que reduzcan costos y exposición. La comparación debe abarcar los costos de toda la temporada y los beneficios para la salud de quienes aplican el producto.

 

Para los exportadores hay otra condición: el sustituto debe responder a las reglas del mercado de destino. Que un producto esté autorizado en México no garantiza que cumpla con los límites de residuos exigidos por el comprador. Cambiar el manejo sin revisar esos requisitos podría comprometer ventas.

 

Otro riesgo aparecería si los productores dependieran de menos formas de acción contra una plaga. Repetir productos que actúan de manera similar puede favorecer resistencias y reducir su efectividad. La sustitución debe conservar opciones compatibles para alternar controles. Comprar una marca distinta no garantiza que cambie el mecanismo de acción.

 

Las empresas con recursos pueden financiar ensayos y contratar asesoría. Un pequeño productor tendría menos margen para pagar cambios que todavía no domina. Si la transición se deja a la capacidad económica individual, podrían ampliarse las diferencias de competitividad. El apoyo técnico debe llegar primero a quienes carecen de opciones.

 

En Sinaloa, la agricultura intensiva necesita evaluar los posibles cambios por cultivo y zona. El tomate, el chile bell y otros cultivos tienen programas de manejo específicos. Si se retiraran insumos relevantes, habría que validar sustitutos bajo condiciones locales. Adelantar ensayos permitiría ajustar decisiones antes de comprometer una siembra.

 

El gobierno federal debe explicar qué sustancias propone retirar, qué riesgos busca reducir y cuáles usos agrícolas quedarían afectados. Salud y Agricultura tendrían que identificar las alternativas de menor riesgo junto con especialistas. Los tiempos de sustitución deben considerar la gravedad del riesgo y la capacidad técnica de esos productores.

 

Los productos de origen biológico también son una alternativa para controlar plagas y enfermedades. Incluyen formulaciones con microorganismos o extractos vegetales que pueden integrarse al manejo del cultivo. Para ampliar su uso, se necesitan productos registrados, eficacia comprobada y asesoría que permita aplicarlos de forma adecuada.

 

Las autoridades pueden cofinanciar ensayos regionales con organizaciones agrícolas y apoyo de universidades. Deben medirse rendimiento, gasto por hectárea y reducción de riesgos. Publicar resultados permitiría ajustar programas antes de extenderlos. La asistencia técnica debe ayudar al productor a aplicar lo que funciona bajo sus condiciones.

 

Los proveedores deben preparar abasto y capacitación para las opciones autorizadas. Los productores, revisar sus programas con técnicos y evitar compras de origen incierto. Un retiro sin oferta suficiente podría abrir espacio a productos clandestinos o falsificados. La vigilancia comercial debe avanzar junto con la asistencia para evitar el riesgo.

 

Compradores y exportadores también pueden respaldar la transición mediante contratos y apoyo técnico. Exigir cambios sin reconocer sus costos presionaría aún más al agricultor. ¿Quién asumirá las pruebas, la capacitación y el ajuste que demanda una sustitución segura? Esa responsabilidad debe discutirse antes de trasladar todo el esfuerzo al campo.

 

Una cosecha perdida pesa en el pago de la tierra, los salarios y los gastos del hogar. El riesgo exige preparar las alternativas antes de retirar herramientas de control. México puede reducir la exposición a sustancias peligrosas con decisiones sustentadas y asesoría. La salud del trabajador y el sustento de su familia deben guiar esa transición.

 

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.