El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió recientemente que productores de soya enfrentan problemas que pueden llevarlos a la quiebra. En Real Time with Bill Maher vinculó su situación con decisiones de Donald Trump: mercados afectados, programas cancelados y combustible caro. Para esas familias, financiar otra siembra se vuelve difícil.

 

Beshear destacó que esos agricultores respaldaron a Trump. La lealtad partidista puede convivir con una evaluación crítica del gobierno. Las cuentas de una granja permiten revisar si las políticas cumplen lo prometido: cuánto cuesta producir y cuánto deja la agricultura. Los funcionarios deben responder por los efectos de sus decisiones en esos ingresos.

 

Entre enero y septiembre de 2026 hubo 292 solicitudes bajo el capítulo 12 del Código de Quiebras de Estados Unidos, frente a 246 en igual periodo de 2025: cerca de 19% más, según la Universidad de Arkansas. Este mecanismo permite a agricultores y pescadores familiares reorganizar sus deudas y seguir trabajando mediante un plan de pagos.

 

La presión venía de antes. Una investigación de Associated Press y Lee Enterprises, publicada el 13 de abril, documentó precios débiles de la soya y gastos elevados en maquinaria e insumos. Las cosechas abundantes de Brasil también presionaron el mercado. La guerra con Irán agravó una situación que ya dificultaba recuperar los costos de producción.

 

La confrontación arancelaria de 2025 redujo las compras chinas de soya estadounidense. Durante octubre de 2026, empresas estatales de China contrataron nuevos embarques, según Reuters. El comercio continúa, aunque sujeto a decisiones políticas. Los productores necesitan ventas regulares que permitan planear el siguiente ciclo agrícola.

 

Brasil ya era un proveedor dominante de China antes de esta disputa. Su oferta y sus precios competitivos facilitaron que compradores chinos sustituyeran parte del grano americano. Para recuperar esas ventas, los exportadores deben ofrecer condiciones estables. Un cliente que encontró otra fuente de abasto puede mantenerla luego de una tregua.

 

El combustible permite dimensionar los gastos. La agencia energética estadounidense señaló que el diésel carretero promedió 6.35 dólares por galón el 26 de octubre, cerca de un 71% más que un año antes. El precio incluye impuestos y sirve como referencia de la presión sobre los fletes. Para quien debe sacar su cosecha, este costo tiene límites.

 

La guerra con Irán alteró el comercio de fertilizantes por el estrecho de Ormuz. El golpe ha sido desigual: el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias señaló en septiembre que la urea había bajado de sus máximos, mientras los fosfatados seguían caros. El costo efectivo depende del producto y del momento de cada compra.

 

También conviene distinguir cultivos. La soya obtiene parte de su nitrógeno mediante bacterias asociadas a sus raíces y suele requerir menos fertilizante nitrogenado que el maíz. Muchos agricultores producen ambos granos. Por eso, el impacto sobre sus cuentas depende de la rotación, los nutrientes requeridos y la fecha en que compraron sus insumos.

 

A esa presión se agregaron cambios en las compras públicas. En el 2025, el Departamento de Agricultura (USDA) notificó la cancelación de fondos para adquirir alimentos locales destinados a escuelas y guarderías. Los proveedores que contaban con esas ventas tuvieron que ajustar sus planes. Para una granja pequeña, perder pedidos complica su rentabilidad.

 

La ayuda internacional se modificó tras el desmantelamiento de USAID, la agencia estadounidense de cooperación. Algunos programas siguieron bajo el USDA: en febrero de 2026 anunció compras por 211 mil toneladas de alimentos mediante Food for Peace. Pero es un volumen inferior a lo que se compraba anteriormente.

 

El gobierno americano anunció el 19 de octubre 8 mil millones de dólares para aliviar el gasto de combustible de los agricultores. Richard Fordyce, funcionario del USDA, dijo a Reuters que los pagos llegarían después de las elecciones del 3 de noviembre, sin fecha fija. Para quien necesita pagar la cosecha, el calendario del apoyo también cuenta.

 

Washington debe revisar el impacto agrícola de sus aranceles y dar estabilidad a los acuerdos comerciales. El crédito de emergencia debe llegar a los productores, con reglas claras para preservar el empleo. ¿Cuánto debe pagar el contribuyente para compensar pérdidas que una negociación menos confrontativa pudo evitar a las familias del campo?

 

Para México, el caso ofrece una advertencia concreta. Depender demasiado de un comprador deja al productor expuesto a decisiones tomadas fuera de su parcela. Las autoridades y las empresas deben ampliar destinos y fortalecer contratos. Abrir mercados exige cumplir requisitos sanitarios y sostener las entregas.

 

Los productores necesitan saber cuánto capital exige la próxima temporada antes de contratar deudas. Revisar costos por tonelada y negociar insumos en grupo puede ayudar, con asesoría técnica para evitar afectar los rendimientos. Los bancos deben evaluar su capacidad de pago: una cosecha abundante puede arrojar pérdidas si se vende mal.

 

Una familia puede soportar una mala cosecha si conserva recursos para volver a sembrar. Acumular ciclos con pérdidas reduce esa posibilidad y pone en riesgo el patrimonio construido durante años. La responsabilidad de cada gobierno se mide también en esas cuentas. Los agricultores necesitan vivir de su trabajo y cubrir los gastos de cada temporada.

 

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.