Culiacán, Sin.- En continuación de audiencia inicial celebrada este martes, el juez, Alejandro Bermúdez Sánchez, determinó la no vinculación a proceso de los líderes agrícolas, Baltazar Valdez Armentía, Felipe Zebada Huerta y Jesús Antonio Rojo Ayala, a quienes la Fiscalía les atribuía la comisión de los delito de sabotaje y contra el consumo y riqueza de la nación, por los bloqueos de las instalaciones de Pemex y el aeropuerto de Culiacán en 2023.
El juez ordenó el sobreseimiento de la causa penal y el levantamiento de la medidas cautelares que se les habían establecido previamente.
Al hacer uso de la voz, el dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, señaló que la razón de las movilizaciones fue únicamente el interés de más de 27 mil productores de maíz y trigo y sus respectivas familias.
Detalló, que las manifestaciones se dieron a raíz de la falta de atención por parte del Gobierno Federal, quien no cumplió con los compromisos que se habían establecido previamente en torno a precios de garantía para sus cosechas.
Señaló, que existió una corresponsabilidad del gobierno en las acciones que emprendieron los productores en aquel momento, pues reiteró que estas se dieron ante una falta de cumplimiento en compromisos previos.
Expuso, que los productores no tomaron las instalaciones de Pemex ni el aeropuerto de Culiacán, en el primero de los casos, fue el propio personal de Pemex quien determinó cerrar los accesos y en el segundo fue la Guardia Nacional quien resguardo las instalaciones.
La defensa por su parte, agregó que las manifestaciones no tenían como objetivo desestabilizar al gobierno ni generar daños económicos al país, sino llamar la atención de la autoridad federal para que diera cumplimiento a la demanda de los productores.
Agregó, que las movilizaciones se realizaron de manera pacífica y en ningún momento se registraron amenazas, intimidaciones o daños a la infraestructura de Pemex, ni al aeropuerto de Culiacán, lo cual demostraron a través de entrevistas realizadas a personal trabajador de ambos entes.
Por su parte, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, apuntó que si bien estas acciones se dieron dentro del derecho a la manifestación, como consecuencia se afectó a terceros, pues se perturbó el orden público y tuvieron la intención de doblegar al gobierno para ser escuchados.
Finalmente, el juez reconoció, que si bien dentro de las manifestaciones se entorpecieron las operaciones de Pemex y del aeropuerto de Culiacán, lo que motivó a los productores fue un legítimo derecho a ser escuchados.
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