Mazatlán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), en coordinación con autoridades del estado de Jalisco, ejecutaron una orden de aprehensión contra Arturo “N”, de 48 años, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado con fines de obtener rescate.
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La detención se realizó este miércoles 10 de junio en Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido es señalado como el tercer probable implicado en el secuestro de un empresario constructor originario de Jalisco, ocurrido en Mazatlán, Sinaloa durante noviembre de 2013.
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Según la carpeta de investigación, la víctima fue privada de la libertad y posteriormente realizó el pago de 500 mil pesos para recuperar su libertad.
¿Quién es el detenido?
Las autoridades identificaron al presunto responsable como Arturo “N”, de 48 años, quien era buscado por su probable participación en los hechos investigados por la Fiscalía sinaloense.
Cae en Guadalajara presunto implicado en secuestro de empresario ocurrido en Mazatlán.
¿Cómo se logró la captura?
La detención fue resultado de la colaboración entre la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa y la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro y Extorsión (UECSE) de Jalisco, lo que permitió localizar y cumplimentar la orden judicial en territorio jalisciense.
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¿Cuándo ocurrió el secuestro que se investiga?
Los hechos se remontan a noviembre de 2013, cuando un empresario constructor fue privado de la libertad en Mazatlán y posteriormente liberado tras el pago de un rescate.
¿Qué sigue en el proceso?
Una vez ejecutada la orden de aprehensión, Arturo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las etapas del proceso penal.
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La Fiscalía de Sinaloa destacó que la coordinación entre corporaciones estatales, continúa siendo una herramienta clave para combatir delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participaron en este tipo de conductas.
