Fiscalía investiga si fue ataque directo a las víctimas, la explosión en negocio de autos en Mazatlán

Guasave, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la investigación por la muerte de Diana Lizeth, de 23 años, quien falleció el pasado 8 de noviembre por envenenamiento con raticida, ante la posibilidad de que haya sido obligada por su pareja a ingerir la sustancia.

Cuestionada sobre el avance de las indagatorias, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que esta línea de investigación continúa vigente, aunque hasta el momento no existen elementos confirmados que permitan asegurar que la joven fue forzada a consumir el veneno.

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¿Qué se investigó inicialmente?

La funcionaria recordó que, inicialmente, las autoridades recibieron el reporte de un presunto suicidio; sin embargo, conforme se ha recabado información, se trabaja en el análisis de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Estamos trabajando esa hipótesis, como lo informé hace días. Inicialmente teníamos el reporte de un suicidio”, explicó Sánchez Kondo al referirse al caso.

La fiscal agregó que la información proporcionada durante las investigaciones está siendo revisada para esclarecer lo sucedido, pero precisó que todavía no puede confirmar que la joven haya sido obligada a ingerir el raticida.

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De acuerdo con los datos disponibles, quien fuera pareja de Diana Lizeth también habría ingerido la sustancia tóxica, aunque logró sobrevivir. Las circunstancias en las que ambos consumieron el veneno forman parte de los aspectos que deben esclarecerse.

El caso ha generado cuestionamientos sobre una posible agresión contra la joven y la eventual responsabilidad de su pareja. No obstante, la Fiscalía mantiene abierta esta línea sin confirmar públicamente que existiera coacción.

¿Se investigará si fue feminicidio?

Por las circunstancias de su muerte, el caso podría ser investigado bajo la hipótesis de feminicidio y convertirse en el quinto registrado durante el año en Guasave, aunque esto dependerá de la clasificación jurídica que determinen las autoridades ministeriales.

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La Fiscalía deberá establecer mediante las diligencias correspondientes, si se trató de un suicidio o si existen elementos para acreditar la comisión de un delito.

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