Culiacán, Sin.- Ante la actitud cerrada del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el gobernador, Rubén Rocha Moya anunció que ya retiró la propuesta que le hizo de que el gobierno absorbiera lo correspondiente a los descuentos en agua potable.
El mandatario señaló que Estrada Ferreiro se mantiene en su postura de no cumplir con la Ley de Agua Potable de Sinaloa y no querer otorgar los descuentos en dicho servicio a los adultos mayores, discapacitados, jubilados y pensionados.
“Yo ya le dije también con el tema de los descuentos a las personas con discapacidad y adulto mayor en el agua, es una ley, yo le dije: ‘nosotros le vamos a pagar la mitad’, retiro esa oferta, porque ya vino a negármela, ya vino a decírmelo aquí, ‘no quiero que me ayuden’, me lo dijo en privado, en mi despacho, ahora lo digo públicamente yo que eso ya está retirado porque estamos tratando de buscarle una salida a un problema”, resaltó.
Agregó que aquellas personas a las que está afectado porque no se hace el descuento, pueden ir al Congreso a plantear una demanda y hacer una denuncia de tipo político toda vez que Estrada Ferreiro no acate la ley.
Inclusive, pidió a Estrada Ferreiro tener cordura y dejar de acumular problema tras problema, los cuales han llegado hasta oídos del propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le parece una actitud muy cerrada por parte del edil, sobre todo, cuando son temas enfocados en ayudar a los grupos más necesitados, siendo estos, la base de la filosofía del mandatario federal.
En ese sentido, el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza explicó lo que procede de forma jurídica y las sanciones que podrían ser incluso, de tipo penal.
“El principio de constitucionalidad y legalidad es una obligación inherente de todo funcionario público. Tenemos que observar una conducta rigurosamente apegada al marco constitucional y legal, en el caso de que eso no ocurriere, la propia Constitución establece mecanismos para exigir el cumplimiento, hay responsabilidades de tipo político, administrativo y penal, además de la responsabilidad por supuesto, de tipo civil”, detalló.
Ambos funcionarios reprobaron que a pesar de que se buscaron todas las vías, el presidente de Culiacán interpuso una controversia constitucional, pero aclararon que eso no es limitante para que se aplique la ley.
