Culiacán, Sin.- Mientras a las afueras del recinto grupos Pro Vida y LGBT defendían su postura respecto a la legalización y despenalización del aborto, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la interrupción legal del embarazo en las primeras 13 semanas de gestación, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cumpliendo así con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto. Fueron 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.
Luego de casi dos horas de haber leído las 110 hojas del dictamen, el primero en subir a tribuna para manifestarse en contra fue el diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien lamentó que se trate de legislar en algo sin contar con la infraestructura para apoyar a la mujer.
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Dijo que está a favor de que no se criminalice a las mujeres por esa situación, pero lamentó que a las 9 de la noche les haya llegado el documento que votarían.
“No tenemos el tiempo necesario para poder ponernos de acuerdo, pero de la mano con el Estado, con el compromiso del gobernador de sacar adelante a la mujer desde el principio hasta el final, emocionalmente, mentalmente, físicamente y económicamente para ella y su familia”, aseveró.
Giovana Morachis, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que no se trata de un asunto de derechos, sino reflexionar desde dónde comienza la vida. También se manifestó en contra del dictamen, y señaló que no se puede tomar decisiones por alguien que no tiene voz, agregando que defenderá la parte humanitaria como lo marca la doctrina del panismo, aunque se encuentren prácticamente solos en la actual Legislatura.
“Los invito a reflexionar que tenemos que seguir viendo este tema con mayor detenimiento, pero sé que se tiene ya un dictamen y los invito a que ustedes decidan. La historia nos va a juzgar”, comentó.
Juana Minerva Vázquez, de Morena, se dijo a favor del dictamen, señalando que las mujeres han mantenido su lucha por su derecho a decidir.
Indicó que el Parlamento Abierto permitió escuchar a todas las voces de la sociedad y compartieron diversas reflexiones al respecto, con un tema como el aborto que no es nuevo, tanto así que tres Legislaturas han mantenido el debate sobre ello, señalando que es necesario fortalecer sistema de Salud.
“Los invito a que honremos este 8 de marzo como una fecha histórica reconocida en el mundo por la lucha de los derechos de las mujeres y que marquemos hoy en Sinaloa una nueva historia que apunte sin temores hacia el futuro”, dijo.
El diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales celebró que la iniciativa que presentó respecto al tema por fin fue incluida en el dictamen que se puso a aprobación del Pleno, en busca de que el aborto no sea la única opción sino la última después de tener un acompañamiento profesional. Sin embargo, lamentó que no haya sido considerada la temporalidad que él proponía, de 8 semanas, donde hay menos riesgo para las mujeres.
“Sin embargo, yo les quiero pedir, que realmente es una invitación, a que voten en conciencia. Que cada quien vote en conciencia, el único que trae intereses políticos aquí afortunadamente soy yo. Yo votaré en conciencia”, dijo.
Tras la aprobación del dictamen en lo general, el Partido Sinaloense solicitó una reserva en busca de modificar la temporalidad a 12 semanas, así como mejorar las condiciones de atención a las mujeres, pero las Comisiones dictaminadoras decidieron no aceptar la propuesta.
En el dictamen se contempla que la mujer o persona gestante que se autoprocure o consienta que se le practique la interrupción del embarazo una vez transcurridas las primeras trece semanas de gestación, se le impondrá amonestación privada y de uno a tres meses de medidas integrales.
Además, la persona que cometa el delito de interrupción forzada del embarazo se le impondrán de dos a ocho años de prisión. Si se produce además la pérdida de la aptitud o capacidad reproductiva de la víctima, o bien se empleare engaño, violencia física o moral, se impondrán de tres a nueve años de prisión. Si fuese causado por profesionales de la medicina o la enfermería, además de las sanciones que les correspondan serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
