Acuerdos y Desacuerdos
A partir del año 2021, el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC), elabora el índice Riesgo Político América Latina, buscando ser una guía para los tomadores de decisiones en la esfera pública y privada.
La primera versión del índice (2021), estuvo marcada por los devastadores efectos de la pandemia; la segunda (2022), por el creciente nivel de incertidumbre y volatilidad, la tercera versión alerta sobre la creciente inseguridad en la región, el continuo deterioro democrático y una cada vez más compleja gobernabilidad.
Esta tercera edición contó con la participación de 1.023 personas, correspondientes a público general. Adicionalmente, se conformó un panel de 48 expertos de América Latina y el Caribe, que incluyó a expresidentes, autoridades regionales, líderes de opinión y académicos.
Durante este tiempo, Riesgo Político América Latina ha sido testigo de tiempos difíciles para la región. En su primera versión 2021, la pandemia del Covid-19 azotaba con fuerza a Latinoamérica; a pesar de representar sólo el 9% de la población mundial, la región concentraba un tercio de las muertes. En tanto, la edición 2022 alertó sobre los mayores niveles de incertidumbre, volatilidad e inestabilidad en una región que sentía con fuerza el alza en el costo de vida, los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania y las crisis de gobernabilidad.
Para 2023 el estudio enlista 10 riesgos políticos:
- Crimen organizado
- Retroceso democrático
- Gobernabilidad compleja
- Nuevos estallidos de malestar social
- Crisis migratoria
- Inseguridad alimentaria
- Polarización y noticias falsas
- Pérdida de competitividad
- Aumento de ataques cibernéticos
- Debilitamiento de la integración regional.
El 2023 será otro año complejo y desafiante para una América Latina que deberá enfrentar un contexto internacional volátil e incierto, con una desaceleración económica significativa, condiciones financieras más restrictivas y una inflación aún en niveles elevados.
El crecimiento económico promedio regional será anémico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un 1.7%, mientras que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Standard & Poor´s (S&P), -la cual es una agencia estadounidense de calificación de riesgo en servicios financieros-. son más pesimistas, con un 1.3% y 0.7% del PIB, respectivamente. Con este nivel de crecimiento y producto de la grave herencia dejada por la pandemia, como advierte CEPAL, la región acumulará una segunda década perdida en términos económicos (2014-2023) unido a fuertes retrocesos en materia de desarrollo social. La inflación, si bien irá disminuyendo, seguirá alta. Lo mismo ocurrirá con las tasas de interés. Estas condiciones adversas requerirán más que nunca la atracción de inversión extranjera, especialmente en aquellas áreas de oportunidad para la economía verde debido a la abundancia de recursos naturales y nuevas fuentes de energía que ofrece la región.
A reserva de ahondar para el caso de México en futuras colaboraciones, una somera revisión del decálogo 2023 de riesgos políticos resalta al menos 5 o 6 claramente aplicables en el país, a saber: crimen organizado, cuando éste se incrementa con el consecuente aumento de la violencia, se manifiesta un debilitamiento del estado de derecho, lo cual genera mayor percepción de inseguridad, corrupción e impunidad.
Retroceso democrático. Los ataques a las instituciones que sirven como contrapeso al ejercicio del poder, así como las propuestas de leyes y reformas para debilitar al árbitro electoral autónomo, son preocupantes signos de regresión en los avances democráticos.
Gobernabilidad compleja. El gobierno de la llamada 4T se ha mostrado incapaz de cumplir con las expectativas y demandas ciudadanas, no establece mecanismos adecuados para buscar diálogo y consenso con las diferentes fuerzas políticas.
Polarización y noticias falsas. La presencia de la política en las redes sociales está teniendo efectos dañinos para la convivencia democrática, cuando se difunde desinformación y mensajes de odio, fomentando la polarización, misma que se ve alimentada desde la propia presidencia de la república.
Pérdida de competitividad. Ser competitivo es tener la capacidad para atraer y retener talento e inversión. Para ser competitivo es necesario que exista Estado de Derecho, certeza jurídica, respeto a los derechos humanos, acceso y preservación de los recursos naturales, una población educada, e infraestructura suficiente para conectar a los agentes económicos. De acuerdo al índice mundial de competitividad, México se encuentra en el lugar 55 entre 63 países analizados.
En el contexto latinoamericano, en un grupo de 18 países, México ocupa el 5º. lugar en competitividad por debajo de Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay.
Debilitamiento de la integración regional. La falta de mecanismos para la coordinación regional dificulta la gestión de crisis y disminuye la importancia regional a nivel global. Por otra parte, el manejo de la política exterior del gobierno mexicano, acercándose, apoyando y hasta premiando a gobiernos dictatoriales o autoritarios, dificulta aún más dicha integración.
