Culiacán, Sin.- El incumplimiento de pago del precio acordado ya sea de manera escrita o verbal por la compra de un producto agrícola, ganadero, apícola, acuícola y pesquero en los términos, condiciones y plazos convenidos con el productor, será considerado como fraude en el Código Penal del Estado de Sinaloa.
Así lo aprobó por unanimidad el Pleno del Congreso del Estado, en donde la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, resaltó que esta reforma será de las más trascendentales de la actual legislatura ya que viene a fortalecer el marco jurídico de protección de todos los productores del campo, al establecer como un delito el incumplimiento de pago, liquidación a destiempo o el pago a precios inferiores de los acordados.
“Decirles a los productores de Sinaloa, a pesar de todo el cúmulo de información que se ha vertido sobre los programas de gobierno para la comercialización de sus granos y que por cualquier circunstancia optaron por venderlo de manera libre, es decir, fuera de los esquemas de gobierno entregándolo a particulares que esta reforma se convertirá en su herramienta para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en la comercialización de sus cosechas”, dijo.
A favor de este dictamen también habló el diputado Juan Carlos Patrón Rosales quien señaló que esta era una práctica que se aplica en todo el sector primario, recordó que inició como una iniciativa por productores de mango en el sur de Sinaloa quienes eran víctimas de robo pero ahora se beneficiarán todas las áreas productivas.
“El fraude especifico establece que aquellos compradores que se acerquen con los productores tienen que cumplir con lo especificado pues ya estará contemplado en el Código Penal, veníamos recibiendo diferentes quejas de los productores en el estado… esta sanción trasciende al tema acuícola, pesquero, ganadero, agrícola en el estado, es una situación que se presenta en todos los sectores”, comentó.
Finalmente, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez comentó que son cientos de productores que cada ciclo de siembra sufren de abusos de personas que se aprovechan y los engañan para entregar cosecha y después no pagarla, pero recalcó que esta reforma no es solo aplica para el incumplimiento de contrato sino también para aquellas conductas que causan daño al patrimonio de los productores.
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