Ciudad de México.- Una mujer, llamada Rocío Hernández Ávila, se encadena a un juzgado en Guanajuato.
La joven protesta y defiende junto con su familia, con el fin de pedir justicia a las autoridades ante el despojo de su vivienda.
Acusaron que después de que Bancrecer desapareciera el crédito de su propiedad cambió de dueños y les imponen una suma cuatro veces mayor al costo inicial de su vivienda.
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La familia ha dado a conocer que abogados coludidos con las autoridades de San Luis Potosí y Guanajuato han despojado de sus propiedades a ciudadanos. Acusó que tanto funcionarios como jueces han sido participa de estas acciones ilegales.
Los afectados contaron a medios de información que adquirieron la casa en Matehuala en 1995, a nombre de Vicente Hernández Ortiz y María Guadalupe Ávila Hernández, padres de Rocío, mediante un crédito hipotecario compartido de Bancrecer.
En 2009, el señor Vicente Hernández Ortíz falleció, y un despacho privado que adquirió el crédito pendiente interpuso un juicio intestamentario sucesorio, argumentando que la vivienda debía quedar en manos de la Beneficencia Pública del Estado de San Luis Potosí; sin embargo, nunca enteraron a este ente estatal.
Hernández Ávila fue notificada hasta 2016 sobre una demanda mercantil en su contra por los derechos del crédito, quien propuso un pago de alrededor de 800 mil pesos para regresar la vivienda, lo cual superaba por mucho el costo inicial de ésta, que era de 200 mil.
Las víctimas señalaron que no se debió de haber aceptado el juicio de embargo, pues existen medidas de aseguramiento de la propiedad. Especialmente porque estos movimientos nunca le fueron notificado a la señora María Guadalupe, quien legalmente es la beneficiaria universal de los bienes de fallecido esposo.
Con información de Milenio…
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