
Ciudad de México.- En conferencia ‘mañanera’ de este 26 de febrero de 2024, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dio algunos detalles sobre las reformas en materia de Industrias Estratégicas del Estado, incluyendo el objetivo de las mismas.
Se trata de reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“La energía es el motor que impulsa nuestras vidas (sic) nuestra industria, nuestra economía, por lo que es un elemento estratégico para el desarrollo, nuestra seguridad y la sostenibilidad de las naciones” se señala en la exposición de motivos.
“La soberanía energética no solo implica, garantizar el acceso a recursos energéticos, sino contar con la capacidad de decidir cómo de manera racional y eficiente en beneficio de la población”, señaló Bartlett.
“La experiencia reciente demuestra que la dependencia energética de fuentes extranjeras o privadas, exponen a las naciones a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales”
“Por ello para asegurar nuestra estabilidad, suficiencia y autonomía energética, es fundamental fortalecer las capacidades del Estado Mexicano y de las empresas públicas a su cargo”, explicó.
Con la visión de que “la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano”, se debe establecer como principio básico en la Constitución Política de México, detalló el funcionario.
El director del CFE recordó al presidente Adolfo López Mateos en 1960, quien nacionalizó la industria eléctrica.
“Les devuelvo la energía eléctrica a los mexicanos, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos males mexicanos identificados con las peores causas de este país, intentarán por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros, los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país”, rememoró Bartlett las ‘celebres palabras’ de López Mateos.
Manuel Bartlett detalló que el sistema actual “se construyó a partir de permisos ajenos a cualquier planeación de un sistema eléctrico nacional ordenado; permisos que se concedieron sin tomar en consecuencia las necesidades de las diversas regiones del país, concentrándose en la de mayor capacidad económica y abandonando las de menores recursos”.
Agregó que ‘otra de las características negativas de la reforma energética de 2013’ son las ventajas que se le otorgaron a las empresas privadas, en contra a la de la empresa pública es decir la CFE, lo que calificó como una ‘falsa competencia’.
“Existen esquemas como el autoabasto ilegal, en el que se concentran los grandes consumidores que quedan fuera del mercado como monopolios con despacho automático que impiden a la Comisión Federal de Electricidad el acceso a los grandes consumidores”, expuso.
Consideró que con el actual sistema se da prioridad al interés privado que al interés público y nacional “que representa la empresa del Estado”.
¿De qué trata la iniciativa de López Obrador?
Es por ello que AMLO propone reformas que atiendan dichas problemáticas.
“En el artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente, se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios, este es un principio vigente”, comentó.
“Si no actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como áreas estratégicas”, sin definir el objetivo de la planeación lo que deja un vacío con lo que “son las leyes secundarias las que regulan el sistema, sin obedecer a un principio constitucional que se propone establecer”, señaló.
La propuesta es añadir que la planeación del sistema energético tenga un objetivo específico: “Preservar la seguridad y autosuficiencia energética de nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y la soberanía energética mediante la empresa pública del Estado”.
Aclaró que el control de este sistema eléctrico nacional quedaría a cargo del Estado Mexicano, atendiendo a todos los estratos sociales, para dar acceso a ‘todo el pueblo de México’.
“Este principio de planeación y control bajo la responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos que lo deben guiar, deberán verse reflejados en la legislación secundaria”, informó.
“Se establece que el servicio público de Internet que presta la empresa del Estado (CFE) de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico, cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información”, destacó.
“Por lo que debe de agregarse un criterio constitucional, con el cual el Estado garantice su desempeño”, añadió.
Por otro lado, en el artículo 27 se resalta que “las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”, pero como no se precisan estas ‘formas’, la propuesta es “adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social”.
“De la misma forma en lo que respecta a empresas particulares, se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garantía de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”, asveró.
En el caso del artículo 25 constitucional en su quinto párrafo “se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendación de los organismos internacionales financieros de corte neoliberal, ‘desnaturalizando’ la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y por tanto reduciéndola de la finalidad a la mera intensión de utilidades, sin ninguna función social”.
Ante esto la propuesta es eliminar que las empresas públicas se guíen por el “concepto de ‘las mejores prácticas’, porque de acuerdo con la propia definición neoliberal se refiere a un gobierno corporativo, que se constituye por accionistas y inversionistas que no se aplica a la empresa pública”.
¿Cuál es el propósito de estas reformas constitucionales?
De esta manera pretende establecer en la Constitución que las empresas públicas de energía y petróleo, no sean monopolios de Estado, sino “empresas de servicio público nacional”.
Es así como con soberanía energética y justiciar social, se busca: ‘Electricidad para todos al menor precio posible’, puntualizó el directivo de la CFE.
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