
Ciudad de México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió nuevamente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por buscar quitar la prisión preventiva en el país.
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional este lunes, el mandatario mexicano, cuestionó el actuar nuevamente de los ministros ya que se valen de todos los argumentos posibles a fin de hacer valer los convenios internacionales.
“Ahora quieren quitar la prisión preventiva, de repente resultaron internacionalistas los ministros y dicen ‘es que, aunque está en la Constitución nuestra en las resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos de la OEA dicen que no debe de existir la prisión preventiva’, y como México tiene establecidos convenios internacionales, la Constitución nuestra a la basura. Es una de las cosas que están ahorita resolviendo”.
López Obrador recordó también que en la Suprema Corte dos ministros hayan declarado inconstitucional la reforma eléctrica realizada en el actual sexenio, lo sostuvo son “cuestiones gravísimas”.
“Dos ministros cancelan la ley eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados, los senadores, enviada por el Poder Ejecutivo. Sí es importante seguir tratando este asunto porque es como un ambiente, es una práctica que se arraigó, y esto tiene que llevar a una reforma profunda, que incluso tome en cuenta planes de estudio de las escuelas de derecho”, indicó.
En abril de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Gobierno de México por el uso de la prisión preventiva oficiosa y le ordenó adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con la Convención Americana.
El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.
García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.
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