Culiacán, Sin.– Miembros del Consejo Consultivo del Instituto Para la Protección de la Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunciaron que, a propuesta de la directora Jhenny Judith Bernal Arellano, se aprobó como proyecto un presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023 de poco más de 29 millones de pesos, en el que se incluiría un sueldo mensual para la titular de 60 mil pesos, vehículo con chofer y secretaria particular, y solamente quedarían menos del 30 por ciento para aplicarlo en las medidas de protección, acusó Alberto Morones.
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El consejero indicó que al menos el 53 por ciento de los recursos se pretenden para el pago de nómina de al menos 26 personas que conformarían la estructura burocrática de dicho instituto que se pretenden contratar, además de que otra parte estaría destinada en compra de vehículos, entre ellos una camioneta para la directora, dos más para acudir a las capacitaciones y dos vehículos que no se especificó para quiénes serían, además de la renta de un local estimada en 40 mil pesos mensuales. Fueron los consejeros Alberto Morones, Griselda Triana y Rosina Ávila quienes votaron en contra.
“Se planteaba un presupuesto de 29 millones, lo cual nos pareció una cifra demasiado exorbitante. Finalmente, un consenso se dijo que eran suficientes 24 millones, yo planteaba que con 15 millones eran suficientes. El asunto es que cuando revisamos a detalle el presupuesto, pues nos dimos cuenta que el 53 por ciento de ese presupuesto se quiere destinar a lo que son sueldos de 25, 26 personas que quieren contratar”, dijo.
Morones Rivas indicó que le hicieron saber a Bernal Arellano que se trata de un exceso y un insulto, pues el Instituto se creó para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas y no para darle chamba a los amigos de la directora. La petición fue de revertir la tendencia en el gasto y que más del 60 por ciento se aplique en las medidas de protección y seguridad, y solamente una parte mínima al gasto operativo, pues además se tienen contemplados bonos, estímulos, jugosos aguinaldos y primas vacacionales, además de áreas que no se requieren en dicho órgano.
“Quisieron incluir en el organigrama una unidad de comunicación social y le dijimos a la directora que eso no se requería. Además, Griselda Triana, otra compañera que no estuvo de acuerdo, le dijo que ningún Instituto de los que ella conoce en el país o mecanismo de protección cuenta con unidad de comunicación social. Y además, proponía ahí contratar a una persona sin perfil, que es propietario de un sonido y que se autonombra periodista, y la directora decía que era periodista, le dijimos que con todo respeto pero que no es periodista”, comentó.
Morones Rivas indicó que se solicitará que se convoque a una sesión extraordinaria del Consejo y se reconsidere la propuesta de presupuesto, pero en caso de que no accedan el resto de los consejeros, hizo un llamado a las y los diputados para que no aprueben dichos recursos porque es dinero público que no se debe despilfarrar, aunado a que sentaría un mal precedente, alejándose del objetivo para el cual fue creado.
