Culiacán, Sin.- El juez de control a cargo del proceso judicial en contra de Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán y seis excolaboradores de su administración, por el tema de adjudicación directa por el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura, ordenó un receso en la audiencia de reapertura de investigación, solicitada por la asesoría victimal, para que se retome el próximo martes a las 13:00 horas.
Esto ocurrió porque el asesor victimal solicitó a la Fiscalía General del Estado, los días 11 y 14 de abril de éste año, informes que fueron canalizados, uno a la Auditoría Superior del Estado (ASE), y otro a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), pero no hubo respuesta de ninguno de éstos organismos, por lo que la Fiscalía rechazó las peticiones.
Estos documentos, de los cuales se desconoce su contenido, deben de ser allegados a los abogados defensores de Jesús Estrada Ferreiro, Issel Guillermina Soto González, Othon Herrera y Cairo, Alejandro Amezquita Villaseñor, Raúl Alcántar Kondo, Angélica Marisela Gutiérrez González y María Antonia Sarabia Ibarra, todos ellos, ya vinculados a proceso.
Los argumentos de la Fiscal Anticorrupción, Nereyda Avilés Aceves, quien está formando parte del proceso judicial, fueron que ni la ASE, ni tampoco la UIPE han resuelto las solicitudes de petición, por cuestiones de tiempo, y por ello, es que desde el organismo investigador, rechazaron las solicitudes del asesor victimal, que es quien representa legalmente al Ayuntamiento de Culiacán.
En su contraargumento, los abogados defensores de los siete coimputados, se opusieron a la solicitud de reapertura de investigación, pues consideraron que no existen los datos para que así ocurra, exponiendo distintos puntos de vista fundamentados en la ley, además de que el plazo que se concedió, al inicio del proceso, ya terminó el pasado 18 de abril, es decir, ya no hay condiciones para que se siga posponiendo.
El juez, sin embargo, decidió hacer un receso para que el próximo martes, se pueda resolver si hay o no los argumentos suficientes, para reaperturar la investigación contra el exmunícipe y seis de los exfuncionarios que colaboraron en su administración municipal.
Recordar, que se trata de una supuesta irregularidad en el contrato del arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura para el municipio, el cuál, fue por tres años y se erogó una cantidad superior a los 117 millones de pesos.
