Culiacán, Sin.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, separado temporalmente de su cargo, Jesús Madueña Molina, y el Comité de Adquisiciones de la Casa Rosalina fueron vinculados a proceso por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público, por la supuesta compra irregular de más de 118 millones de pesos en equipo de cómputo.
SOLICITUD A VINCULACIÓN
De acuerdo con información vertida por la Fiscalía, la UAS adquirió computadoras de escritorio, laptops, multinacionales con sus tintas, memorias USB, discos duros y material de conexión a Internet, entre otro equipo de cómputo, para equipar diversas unidades académicas y organizacionales por un monto de 118 millones 321 mil 837.80 pesos en los periodos 2021 y 2022.
Detalló que en 2021 se adquirió equipo de cómputo por un monto de 60 millones 920 mil 157.82 pesos y en 2022 por el monto de 57 millones 401 mil 679.98 pesos por adjudicación directa al proveedor.
La Fiscalía señaló que debido al monto de las compras la adquisición se debió realizar por licitación pública para asegurar las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, como marca la ley, lo que significa un perjuicio para el patrimonio de la UAS.
El Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los universitarios con base a mil 944 comprobantes fiscales electrónicos por un monto de 50 millones 759 mil 116.44 pesos, correspondientes al periodo 2021, y de 2 mil 503 comprobantes más del periodo 2022, por un monto de 45 millones 243 mil 994.23 pesos.
La Fiscalía aportó como prueba declaraciones testimoniales del representante legal y empleados de la empresa. Además de explicar que esta empresa vendía los productos a la UAS a un sobreprecio de casi el cien por ciento, en comparación al monto que esta los adquiere con el proveedor a mayoreo.
LA DEFENSA
Ante esta situación, la defensa de los universitarios alegó que la UAS no es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa y no forma parte de la administración pública, por lo que los imputados no eran funcionarios públicos y no podían ser juzgados como tal.
Argumentó que el recurso que recibieron del Gobierno del Estado era recurso de participaciones federales y no estatales, por lo que el juez en turno ni la Fiscalía General del Estado eran órganos competentes para resolver esta situación. Señalaron que era la Auditoría Superior de la Federación la facultada para auditar este recurso, proceso que ya se llevó a cabo y no encontraron irregularidades.
Denunciaron que la Fiscalía no aportó fechas y montos exactos de los depósitos realizados por la UAS a la empresa y que en realidad solo se había adquirido equipo de cómputo, con recurso proporcionado por el estado, por un monto de poco menos de un millón de pesos en 2021 y de 2.9 millones en 2022, por lo que no se excedían el monto máximo para realizar una licitación pública.
RESOLUCIÓN
Tras la discusión, el juez vinculó a proceso a los imputados y dictó como medidas cautelares la presentación periódica a la Unidad de Medidas Cautelares, el no poder salir del país sin autorización y la separación temporal del cargo para los universitarios en activo.
Puede leer: Fiscalía solicita vinculación a proceso de funcionarios de la UAS por compra de 118 mdp en equipo de cómputo
