Culiacán, Sin.- Son legales las donaciones que solicitan los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), para pagar los 20 millones de pesos, aseguró el rector, Jesús Madueña Molina.
El rector de la casa de estudios aclaró, que las donaciones para la universidad son netamente voluntarias y no se le está obligando a la comunidad a realizarlas.
“Eso es transparente, no hay absolutamente nada fuera de la norma legal… no se obliga a nadie, aquí somos muy solidarios, ustedes han visto la unidad que se formó en torno al conflicto y hoy es un tema que está ya acordado”, expresó.
Madueña Molina señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE), no tiene nada que revisar respecto a las donaciones, ya que este mecanismo fue analizado por los abogados.
En este caso, detalló que la agraviada en el proceso penal fue la Universidad y es a esta a donde está llegando el dinero de las donaciones, por lo que reiteró no hay nada que indagar.
“Es un tema que ya no está a discusión, fue revisado por los abogados, es un tema de la universidad, no de la Fiscalía, ni del Poder Judicial. En el acuerdo la universidad era la parte ofendida, ¿a quién se le tiene que depositar? A la universidad, y ¿a quiénes se le está depositando? A la universidad”.
Explicó que el acuerdo con el Poder Judicial fue entregar los 20 millones de pesos en un plazo de 6 meses, por lo que, en la universidad se tuvo que crear este concepto para apoyar a los funcionarios, miembros del comité, porque ellos no tienen ese recurso que se les pide.
¿Qué sucederá cuando se junten los 20 millones?
El rector precisó que cuando se llegue a la cantidad de 20 millones de pesos en el plazo acordado, se tiene que hacer una constancia por parte de la universidad y tiene que entregarse al Poder Judicial.
Después, en una audiencia se den por enterados y con ello, se desista de los procesos penales en contra de los funcionarios de la UAS implicados.
Cabe recordar, que en días pasados la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), anunció que se habilitó un mecanismo para que universitarios y la sociedad en general realicen ‘donaciones voluntarias’, para que los funcionarios y exfuncionarios de los comités de adquisiciones, paguen los 20 millones de reparación económica, para concluir sus procesos penales.
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