Mazatlán, Sin.- Tras un análisis de los contratos derivados de las actas del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, reveló graves inconsistencias en la transparencia de la gestión municipal.
Gustavo Rojo, titular del organismo, de acuerdo a este estudio, debieron celebrarse 182 contratos (entre obras, servicios y arrendamientos), pero solo 98 aparecen publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que deja 84 contratos sin subir, incumpliendo con la obligación legal de rendición de cuentas.
“Entonces, si de 182 nada más subieron 98, 84 contratos no se subieron a la plataforma, esto quiere decir que el 40 por ciento de los contratos que debieron generarse no están en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces si la ley establece tiempos, formas, de cómo se debe de subir la información y vemos que esta información no se está subiendo como dice la ley, entonces no se está cumpliendo con la ley”, dijo.
De los 98 documentos disponibles, apenas 19, es decir el 10 por ciento del total exigido cumplen con la información completa requerida por la Ley de Transparencia, lo que significa que el 90 por ciento del presupuesto municipal ejercido en el primer trimestre de 2025 no está debidamente documentado para revisión pública.
Las autoridades justificaron la ausencia de los contratos restantes argumentando que no estaban firmados. Sin embargo, se destacó que la plataforma permite adjuntar comentarios y establecer plazos para su regularización y en esos comentarios existía un compromiso de subir los archivos faltantes antes del 15 de marzo, el cual no se cumplió.
Además, se denunció que el sistema ahora solicita permisos especiales a los ciudadanos que intentan consultar información, lo que representa una barrera adicional y amenaza la identidad digital de quien accede.
Ante estos hallazgos, representantes de la Sociedad Civil anunciaron que presentarán denuncias formales ante los órganos de control correspondiente, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Acceso a la Información e incluso ante el Instituto de Protección a los Periodistas, por obstaculizar el acceso a la información pública.
Resaltó que la falta de transparencia en la publicación de contratos y las trabas al acceso a la información genera serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos y colocan a la administración municipal bajo creciente escrutinio.
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