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Guasave, Sin.- La mañana de este martes 23 de septiembre, padres de familia de la escuela primaria Marcelino Velázquez Calleros, ubicada en la comunidad de Caimanero, decidieron tomar las instalaciones y suspender clases, ante la falta de energía eléctrica que desde hace años aqueja al plantel y que ha empeorado en las últimas semanas.

 

La situación cobra mayor relevancia porque fue precisamente en esta institución donde el pasado mes de agosto se llevó a cabo el acto protocolario del arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026 en Guasave. En ese momento, madres y padres ya habían aprovechado para plantear tanto a las autoridades educativas como municipales la urgencia de instalar una subestación eléctrica que garantizara condiciones seguras y dignas para los estudiantes. Sin embargo, hasta ahora no han tenido respuesta.

 

Con alrededor de 184 alumnos en el turno matutino, las y los tutores señalan que es imposible mantener a los niños en las aulas debido al calor extremo, ya que el cableado no soporta la carga de los aires acondicionados y existe riesgo de que ocurra un accidente.

 

Dios guarde se queme todo el cableado y llegue hasta las aulas, no queremos pensar lo que pueda pasar con los niños”, expresó una madre inconforme.

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El problema, aseguran, no es nuevo. Desde hace más de una década se han presentado fallas recurrentes y la comunidad ha tenido que pagar reparaciones temporales del cableado, pero la solución definitiva es la instalación de una subestación cuyo costo, de acuerdo con presupuestos previos, oscila entre los 600 mil pesos y poco más de un millón.

 

Mientras tanto, las clases se mantendrán suspendidas de manera presencial y se trasladarán a la modalidad en línea. Sin embargo, los padres reconocen que tampoco todos tienen acceso a dispositivos o internet, lo que complica aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Ya metimos papeles en varias instancias, incluso hasta Culiacán, pero nunca nos han dado solución”, lamentaron.

Ante la falta de respuestas, advirtieron que están dispuestos a movilizarse hasta las oficinas de la SEPyC en la capital del estado para exigir una solución definitiva.

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