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CDMX, México. – El Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma histórica encaminada a homologar criterios y fortalecer las capacidades institucionales contra uno de los delitos que más vulnera la seguridad y estabilidad social en el país.
¿Cuál fue la participación del senador morenista por Sinaloa en la cámara alta con respecto de esta ley?
El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, tuvo un rol determinante durante la dictaminación y discusión del proyecto.
En tribuna, subrayó que la extorsión es un delito que “como pocos, afecta la seguridad de la sociedad mexicana”, no solo al dañar las actividades económicas de comunidades enteras, sino al arrebatar a las familias su tranquilidad y su dignidad.
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Inzunza advirtió que la expansión de este delito se ha facilitado por el uso de tecnologías de comunicación y por actos de corrupción que han permitido que centros penitenciarios funcionen como plataformas para la operación de redes de extorsión.
Por ello, la legislación aprobada también contempla penas severas para los funcionarios que participen, encubran o toleren estas actividades.
Senado de la República
¿Cómo quedaron establecidos los lineamientos de la ley que defendió Inzunza Cázares en San Lázaro?
El proyecto establece un rango de 15 a 25 años de prisión como umbral de pena para quienes cometan extorsión, además de 10 a 20 años de cárcel para servidores públicos que no denuncien este delito y de 6 a 12 años de prisión para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios sin autorización.
Asimismo, la ley mandata que fiscalías cuenten con unidades especializadas, policías, ministerios públicos y analistas certificados en la investigación de este delito, garantizando que los casos reciban el mismo trato jurídico sin importar la entidad federativa donde se originen. También se establece que los recursos obtenidos mediante la extinción de dominio se destinarán de forma preferente a la restitución de derechos de las víctimas.
Durante su intervención, el senador sinaloense reiteró que los gobiernos de la Cuarta Transformación mantendrán una política dual: “Tanta política social como sea posible y tanta política penal como sea necesaria”. Aseguró que la instrucción de la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum Pardo, es clara: atender causas, pero combatir “todos los delitos y en todos los lugares”.
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¿Cuál fue el resultado de la votación que se puso a disposición del pleno del Senado?
En lo general, el dictamen fue aprobado por unanimidad con 110 votos a favor, y en lo particular alcanzó 95 votos a favor y 12 en contra.
Tras su aval, la Mesa Directiva ordenó devolver el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
Enrique Inzunza
