Culiacán, Sinaloa.- El estado de Sinaloa se encuentra dentro de las cinco entidades federativas en las cuales se ha contratado una mayor cantidad de viviendas para su construcción dentro del programa Viviendas para el Bienestar.
¿Cuál es la meta del programa?
El Infonavit ya tiene contratada la construcción de 250 mil viviendas que le darán vida a 217 conjuntos habitacionales en 30 entidades del país, como parte del programa Vivienda para el Bienestar. Esta cifra representa más del 20% de la meta sexenal de 1 millón 200 mil viviendas.
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Las entidades donde se han contratado mayor cantidad de viviendas a construir son: Sinaloa con 16 mil 151, Veracruz con 42 mil 260 viviendas; Tamaulipas con 34 mil 662; Yucatán con 28 mil 474; Tabasco con 26 mil 034 y Quintana Roo con 13 mil 104 viviendas.
¿Cuál es la meta para fin de año?
Se prevé que, para finalizar el año, sean más de 300 mil viviendas las que ya se encuentren contratadas, lo que significaría un avance del 25% en la meta sexenal del Instituto.
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¿Cuáles son las características de las viviendas?
Las viviendas, de al menos 60 metros cuadrados, están destinadas para trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y cuentan con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo, área de servicio, áreas verdes y de esparcimiento, así como todos los servicios: luz, agua y drenaje. Además, se encuentran cercanas a escuelas, hospitales, centros de trabajo y transporte público.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a las viviendas?
Para acceder a estas viviendas, los derechohabientes del Instituto solo deben cumplir con tres requisitos:
- Tener al menos 6 meses de antigüedad en el trabajo.
- Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.
- No tener crédito hipotecario con el Infonavit.
Gracias a la acertada política de vivienda establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum, a la estrecha coordinación entre federación, estados y municipios y a la fortaleza financiera del Infonavit que ha permitido reactivar el sector de la construcción, estas viviendas tienen un costo promedio de 600 mil pesos, muy por debajo del precio de mercado, volviéndolas accesibles para las y los trabajadores de menores ingresos, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho, no una mercancía.
