Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado propuso reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Sinaloa con el objetivo de tipificar y sancionar con mayor severidad el delito de reclutamiento de personas menores de edad para realizar actividades delictivas.
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¿Qué dijo al respecto la presidenta de la Jucopo María Teresa Guerra?
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, explicó que la iniciativa busca cerrar vacíos legales y establecer sanciones claras contra quienes involucren a niñas, niños y adolescentes en la comisión de delitos.
“Queremos fortalecer la protección de las juventudes y aún cuando no se use el engaño, sino aún incluso obteniendo el consentimiento de los menores, la idea es que se penalice. Estamos hablando de adicionar un artículo con una penalidad de 10 a 20 años y con agravantes que implican subir penalidad cuando se trate de menores en situación de vulnerabilidad”, mencionó.
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¿Qué dice la iniciativa que ya está en discusión desde el Pleno del Congreso?
De acuerdo con la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se establecerá que comete el delito de reclutamiento de personas menores de edad quien reclute, obligue, induzca, instruya, adiestre, incite o incorpore, por cualquier medio, a una o varias personas menores de 18 años para que participen, colaboren o sean empleadas en la comisión de uno o más delitos previstos en el Código Penal u otras leyes.
La iniciativa plantea, que a la persona responsable se le imponga una pena de 10 a 20 años de prisión, además de 800 a mil 600 días multa, independientemente de otras sanciones que pudieran derivarse por delitos adicionales.
Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa.
¿Cuáles serían las agravantes que se van a adicionar a la Ley que se está discutiendo?
Asimismo, se propone que las penas aumenten hasta en una mitad, cuando el delito sea cometido por familiares o personas que tengan a la víctima bajo su custodia, guarda o educación; cuando se ejerza violencia; cuando participe un servidor público; o cuando la víctima se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, como situación de calle, desescolarización, migración, abandono familiar o desplazamiento forzado.
También se contempla sancionar con las mismas penas, los casos en los que la conducta se cometa contra personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho o de resistirlo.
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Guerra Ochoa subrayó, que la iniciativa busca fortalecer la protección de la niñez y adolescencia frente a prácticas delictivas que vulneran sus derechos y su desarrollo.
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