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Mazatlán, Sinaloa.- El Congreso del Estado analiza una iniciativa que busca castigar con hasta 30 años de prisión a los adultos que recluten a menores de edad para integrarlos a actividades delictivas, esto de acuerdo con María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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¿Por quién es presentada la propuesta?
La propuesta, presentada por el grupo parlamentario de Morena, plantea reformar el Código Penal para establecer sanciones de 10 a 20 años de cárcel, con agravantes que podrían elevar la pena hasta 25 o incluso 30 años en casos específicos.
Guerra Ochoa explicó, que la reforma surge ante el contexto de violencia que ha dejado víctimas menores de edad involucradas en hechos delictivos.
“Hemos tenido víctimas letales menores de edad que a veces con engaños, o con espejismos, que terminan en tragedias, pues los involucran en actividades delictivas. Estamos proponiendo una penalidad de10 a 20 años y con posibilidad de agravantes que signifique una penalidad de hasta 25 a 30 años, para quien utilice menores para delinquir”, dijo.
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¿A quién se sancionaría?
La iniciativa, está dirigida exclusivamente a adultos que utilicen o recluten a menores para delinquir. No contempla castigos para los adolescentes, ya que ellos cuentan con un régimen jurídico distinto.
“Esto no va encaminado a penalizar a menores, los menores tienen un régimen jurídico que los separa en cuanto a procesos penales que llevan los adultos, va encaminado a eso. Y decirles también que no es indispensable que sea un reclutamiento forzado”, agregó.
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La legisladora aclaró, que no es indispensable que exista un reclutamiento forzado para que se configure el delito. Incluso si hubiera algún tipo de “consentimiento”, este no es válido cuando se trata de involucrar a menores en actividades ilícitas, similar a lo que ocurre en otros delitos donde el consentimiento de un menor no tiene validez legal.
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La propuesta se enmarca en un contexto, que la propia diputada calificó como de emergencia en materia de seguridad, donde se busca cerrar cualquier puerta legal que permita que niñas, niños y adolescentes sean utilizados por adultos para fortalecer estructuras delictivas.
De aprobarse, la reforma endurecería de manera significativa las consecuencias penales para quienes recurran al uso de menores en la comisión de delitos en Sinaloa.
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